Santa Cruz de Tenerife tendrá en breve una nueva autorización ambiental que le permite continuar vertiendo al mar el agua que la estación de bombeo de Cabo Llanos no pueda enviar a la depuradora de Buenos Aires. Ayer, la vicenconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, confirmó a DIARIO DE AVISOS que “en unos días” estará lista la nueva autorización de vertidos para regularizar la situación de la depuradora en Santa Cruz. “El Ayuntamiento había pedido una prórroga para adjuntar el resultado de los análisis realizados en La Hondura y al final han llegado antes de lo previsto”. “Esta documentación -continuó- es lo único que faltaba para seguir con el expediente y ahora los están estudiando y si todo está correcto, en unos días procederemos a aprobar la nueva autorización”.
Esta nueva autorización se sustenta en el plan de etapas que tendrá que cumplir el Ayuntamiento de Santa Cruz, recordó Pérez. “Desde el punto de vista administrativo no habrá ningún tipo de impedimento para dar la nueva autorización”, añadió la viceconsejera. La propia Pérez recordó que el problema de los vertidos se solucionará cuando se haga la ampliación de la depuradora, “el propio plan de etapas concluye con la puesta en funcionamiento de la nueva depuradora” y reconoció que “es cierto que para verter hay unas medidas correctoras que no son solubles hasta que no se amplíe la depuradora. Una autorización que ha tenido que ser modificada por el aumento de los caudales y los cambios que se han producido en las normas medioambientales.
Una vez que el Gobierno de Canarias complete el expediente, saldrá a información pública y se pasará consulta a otros Organismos y Administraciones para, una vez disponer de las oportunas alegaciones, redactar la correspondiente resolución de modificación de la autorización vigente de forma definitiva.
El actual permiso que tiene Santa Cruz y que se encuentra en fase de revisión fue concedido en abril de 2005 y se autorizaba el vertido desde tierra a mar de aguas residuales urbanas pretratadas procedentes de la la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Los Llanos en el Puerto de la Hondura en Santa Cruz de Tenerife, cuyo titular es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El verano pasado, desde el Gobierno de Canarias se inició de oficio la revisión de este permiso puesto que se habían visto modificadas las circunstancias en las que se otorgó dicha autorización, además de que se ha dictado en fecha posterior nueva normativa relacionada con las normas de calidad ambiental en la política de aguas y gestión de la calidad de las aguas de baño.
En el inicio de ese procedimiento se le requirió al citado Ayuntamiento diversa documentación técnica con el fin de comprobar que el vertido cumpliera con la normativa vigente en la materia y que la nueva autorización recogiera la situación real de la EBAR. Además este plan de etapas culmina en el 2018 con el bombeo de la totalidad de las aguas residuales recibidas en la EBAR hacia la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Buenos Aires, por lo que la EBAR se comportaría como un simple aliviadero en el que sólo se verterán aguas residuales al mar, sólo en los días de lluvias intensas.
[sws_grey_box box_size=”100″]Menos contaminación de lo esperado
La contaminación en la zona de La Hondura, donde se producen los vertidos autorizados de la estación de bombeo de Cabo Llanos, están dentro de los límites legales. Al menos así se desprende de las pruebas realizadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz a petición del Gobierno de Canarias, para incorporarlas al expediente que la consejería de Medio Ambiente tramita a fin de renovar la autorización de vertidos al Consistorio capitalino. Este resultado resulta llamativo si se tiene en cuenta que son muchas las críticas que se han hecho sobre los vertidos en la zona y que han llevado a revisar de oficio la autorización (entre otras cosas por el expediente que la UE ha abierto a España por estos vertidos).
El área de Servicios Públicos recogió muestras a los 50 y 100 metros de la bifurcación del emisario en la dirección de la corriente, unas muestras que, según detalla el informe realizado por los laboratorios contratados para el análisis, “cumplen con los límites del anexo IV del Real Decreto 817/2015”. Esta última norma establece los nuevos criterios de calidad ambiental para las aguas que aprobó el Estado el año pasado. Sin embargo, el laboratorio también aclara que al menos en tres series de parámetros cuyas cantidades se les ha pedido medir, no han podido hacerlo al carecer de medios técnicos para ello, ni tampoco haberlos en España.[/sws_grey_box]