Yéremi Vargas, Sara Morales, Raúl Sanz, Stephan Simon o Víctor Teni. Sus nombres permanecen en el imaginario colectivo, después de haber desaparecido por motivos que todavía hoy no se han podido esclarecer. Este problema, la de las personas desaparecidas, se ha convertido en los últimos años en uno de los caballos de batalla de las instituciones públicas, como así lo demuestra la creación de una comisión especial en el Senado en 2013. En dicha comisión tuvo un papel destacado la exsenadora tinerfeña Luz Marina Socas, que ahora forma parte del consejo asesor de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas (QSDGlobal), la entidad de referencia en nuestro país en esta materia, impulsada y presidida por el periodista Francisco Lobatón. En Canarias, según datos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participantes en la referida comisión especial del Senado, en los últimos 10 años se formularon en las comandancias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife un total de 4.128 denuncias por desaparición. Igualmente, en cuanto al ámbito de competencia del Cuerpo Nacional de Policía, en el mismo periodo se formularon 10.837 denuncias en la provincia de Las Palmas y 5.936 en Santa Cruz de Tenerife. “Se trata de una cifra elevada porque muchas de esas desapariciones corresponden a menores que se escapan de centros o de personas que regresan y no se retira la denuncia”, expone la exsenadora Luz Marina Socas, quien asegura que desde el año 2004 se mantienen abiertos “al menos 60 expedientes” de casos que no han podido ser resueltos.
Según explican fuentes policiales, “la desaparición no es en sí misma un delito, hasta el punto de que en el 99% de las denuncias no hay delito”. “La mayor parte de ellas, entre un 65 y 70%, son relativas a menores, un 30% corresponden a personas entre 18 y 65 años y el 3% son de mayores de 65 años. Cada rango de edad tiene sus propias características. Entre los menores existe una gran población de extranjeros”, subrayan las mismas fuentes, quienes insisten en que “las fugas de los centros tutelares se suelen resolver entre las 24 y las 48 horas posteriores a la desaparición”. Algo similar ocurre con las desapariciones de menores por razones familiares o escolares, que también se suelen resolver en el mismo plazo. Mientras, entre los mayores de 18 años los principales problemas se producen por la convivencia en el ámbito familiar. Por último, entre los mayores de 65 años, la prevalencia es de personas con enfermedades mentales.
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El caso de Yéremi Vargas, entre los más complejos y frustrantes
“En zonas como Canarias, es mucho más preocupante que no haya pistas sobre una desaparición, porque se trata de terrenos acotados con menor posibilidad de dispersión”, exponen desde la Guardia Civil, quienes confiesan que el caso de Yéremi Vargas es posiblemente el más complejo al que se han enfrentado en los últimos años. No en vano, se llegó a activar una operación jaula en todo el Archipiélago que no dio ningún resultado.[/su_note]
Entre las conclusiones de la comisión especial del Senado, se cita la necesidad de “mejorar los sistemas de búsqueda, de coordinación entre administraciones y, especialmente, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la atención a las familias, la implicación responsable de los medios de comunicación (sobre todo de RTVE, como medio público) y de la sociedad en su conjunto”. Por este motivo, el pasado 31 de marzo los secretarios de Estado de Sanidad y Servicios Sociales, Justicia e Interior suscribieron un convenio marco de colaboración con la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, con el fin de fortalecer las acciones de búsqueda frente a las desapariciones de personas y actuar de manera preventiva frente a estas y otras situaciones de riesgo. En virtud de este acuerdo, el Ministerio de Justicia se compromete a apoyar las iniciativas en esta materia relacionadas con las búsquedas y desapariciones internacionales y a facilitar información de carácter legal. Por su parte, y dentro del marco previsto en la legislación procesal y en la legislación vigente en materia de protección de datos, el Ministerio del Interior informará sobre las denuncias de personas desaparecidas para contribuir a la difusión de las búsquedas, creará proyectos de índole formativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y coordinará las actuaciones de difusión pública, actuación de búsqueda y prevención de nuevas desapariciones. Mientras, el Ministerio de Sanidad coordinará las actuaciones que redunden en la atención a las familias de las personas desaparecidas, a la protección de grupos vulnerables y a facilitar las ayudas susceptibles de paliar situaciones de daño o sufrimiento relacionadas con las búsquedas y desapariciones.
Para llevar a la práctica todas estas cuestiones, el convenio también incluye la puesta en marcha de una comisión de seguimiento y control constituida por un representante de cada una de las partes firmantes, uno de los cuales será la exsenadora tinerfeña Luz Marina Socas. Esta fue premiada por la Fundación QSDglobal por contribuir a hacer visible el fenómeno de las desapariciones de personas, así como por su trabajo a nivel nacional y europeo para que las familias de las personas desaparecidas sean reconocidas como víctimas indirectas y puedan recibir todo el apoyo y asistencia, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras.
Según explica, “falta conocimiento por parte de la sociedad de la existencia de las oficinas de atención a las víctimas de delito, que a partir de ahora, con la firma de este convenio de colaboración, también atenderán a los familiares de las personas desaparecidas como víctimas indirectas, amparándoles en los servicios de información, asistencia y apoyo con una evaluación individualizada encaminada a la adopción de medidas adecuadas a sus circunstancias concretas”. Estas oficinas atienden unas 12.000 solicitudes cada año, la mitad de las cuales se refieren a menores. “La desaparición de personas es un fenómeno de la suficiente entidad cuantitativa y con tales efectos sobre el entorno de las personas afectadas, que merece una profunda reflexión”, subraya la exsenadora, que insiste en que “a la primera victimización que supone la desaparición, se suma el sufrimiento ocasionado por las secuelas legales y una sensación de incomprensión que dan lugar a una victimización secundaria. Además, Europa debe ofrecer respuestas por la enorme incidencia de casos transfronterizos (hasta un 25%)”, concluye.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Identificación genética para combatir la trata de personas
En 1998, el grupo de investigación del Departamento de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad de Granada ideó un programa de identificación genética de personas desaparecidas, el Programa Fénix, para la determinación de cadáveres o restos que no se pudiesen identificar empleando métodos tradicionales. Dicho programa fue pionero a nivel mundial, puesto que anteriormente no existía ninguna base de datos con estos fines. También merced al Laboratorio de Identificación Genética de la universidad granadina, en 2004 se ponía en marcha el Proyecto DNA-Prokids, centrado en la lucha contra el tráfico de seres humanos a través de la identificación genética de las víctimas y sus familiares, especialmente en casos de niños. Tras un estudio piloto en países de Centroamérica y Asia, en 2010 se decidió su ampliación a todo el mundo. Desde entonces, más de 600 menores han sido identificados y reunificados con sus familias.[/su_note]
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