Antonio Sosa, Miguel Ángel Méndez y Candelaria Padrón, tres exconcejales de CC en el Ayuntamiento de Arona, declararon ayer ante la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arona, Cristina Escamilla, que investiga el llamado caso Arona 2. Faltó a la cita el abogado Jesús Ramón García, que declarará más adelante.
Esta causa se divide en dos partes, una investiga la concesión de unas licencias y otra todo lo relacionado con la presunta comisión de un delito de prevaricación a raíz de la aprobación parcial del Plan General de Ordenación (PGO) en 2010.
Las comparecencias de los 14 investigados se llevará a cabo hasta el 11 de mayo, tras haber declarado el día 4 como testigos el arquitecto Jorge Coderch y el exsecretario municipal Cristian Marcelino. Entre los imputados vuelve a estar el exalcalde José Alberto González Reverón y todo el grupo de gobierno de 2008, habiendo sido los denunciantes el actual teniente de alcalde, José Antonio Reverón y el constructor Arcadio Rodríguez .
El PGO de Arona quedó anulado por cuatro sentencias firmes del Tribunal Supremo, debido a que en su momento no se incluyó la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Pero además, en esta causa penal se ha imputado a todos los miembros del Pleno de la Corporación que en 2008 votaron a favor (CC-PP-CAN), a pesar de la existencia de informes jurídicos que advertían de que el documento se había modificado sin recoger las subsanaciones exigidas.
Uno de los dictámenes correspondía a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y en el mismo se contemplaba que los cambios hechos se excedieron de lo permitido, “constituyendo una verdadera modificación del plan”, algo que según dijo ayer Antonio Sosa, concejal de Urbanismo de entonces, se modificó por los redactores del plan tras los reparos de los juristas, después de que la Cotmac ordenase una serie de correcciones al planeamiento en 2006.
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