El consejero autonómico de Presidencia, Justicia e Igualdad, el socialista Aaron Afonso, retó ayer al concejal lagunero de XTF-NC Santiago Pérez a denunciar en los tribunales el recorte de jornada y sueldo aplicado por el Gobierno canario durante cuatro meses de 2013 a unos 3.400 empleados – personal laboral e interino de la Comunidad Autónoma- y que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado ilegal por vulnerar el principio de igualdad.
“Si tiene indicios de delito, el señor Pérez ya está tardando en ir a la Fiscalía”, manifestó ayer preguntado por este diario, poco después de que respondiera en el Parlamento regional a dos preguntas, una de Podemos y otra de NC, sobre esta sentencia del TC.
Pérez afirmó en una noticia publicada por este periódico que el anterior Gobierno canario, en el que Afonso era director general de Función Pública, “tramó una operación discriminatoria de carácter delictivo” contra 3.300 empleados públicos no fijos y exige por ello depurar responsabilidades políticas e incluso penales, apuntando al exconsejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el socialista Francisco Hernández Spínola y al exconsejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz (CC).
Ninguno de ambos aludidos ha querido responder a estas acusaciones de Pérez, exsecretario general del PSOE tinerfeño y profesor universitario de Derecho.
Ayer, en el pleno del Parlamento, Afonso replicó a Román Rodríguez (NC) que esa decisión (recorte salarial y de jornada entre el 20% y el 10% a 3.400 empleados públicos) “era absolutamente necesaria en 2013 para evitar despidos masivos” y ante los recortes de financiación del Estado a Canarias y el objetivo del déficit público.
Asegura que el Gobierno regional “no desconocía” la directiva europea que prohíbe discriminar, pero invocó el artículo 4 que sí permite un trato diferenciado “por razones objetivas”, aunque admitió que los argumentos del Gobierno no han convencido al TC.Ahora, será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que deberá resolver este conflicto.
Rodríguez subrayó que NC, los afectados, los sindicatos, el Diputado del Común y hasta una comunicación de la UE advirtieron de que era una medida “injusta y contraria a la Constitución y el derecho comunitario”, pero el Gobierno no hizo caso.
La diputada de Podemos Concepción Monzón criticó que el Gobierno de CC -PSOE del que formaba parte Afonso “planteara a los afectados un acuerdo vergonzoso, a cambio de no volver a la vía judicial, osea, renunciar al Estado de derecho”.
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