“Una violación continuada de derechos humanos, y una injusticia de enormes proporciones y profundo daño para los afectados que ningún ciudadano de Canarias debe continuar padeciendo por más tiempo”. La frase pertenece a la exposición de motivos de la Proposición no de Ley aprobada esta semana en el Parlamento de Canarias a cuenta del caso de los niños robados, una trama criminal que, como ahora ya reconoce todo el arco parlamentario (tanto en el Archipiélago como en las Cortes Generales), secuestró miles y miles de bebés por toda España entre 1940 y 1990. Sin embargo, el trecho que hay del dicho al hecho es un abismo: a día de hoy no hay ni una sola persona condenada por este asunto, un resultado harto elocuente que reconocen los propios políticos. Las víctimas se antojan incontables; sirva de referencia que el exjuez Baltasar Garzón cifró en 300.000 las familias afectadas.
La impunidad
Fue en 2013 cuando, tras años y años de denuncias públicas, al fin la Justicia mostró una respuesta razonablemente decida. Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, anunciaba la apertura de una Oficina para víctimas, mientras que en los tribunales de provincias como Guipúzcoa, Vizcaya, Huelva, Ceuta y Cádiz se llegó al medio centenar de imputaciones, casi todos médicos y matronas más alguna monja. A su vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) coordinó el trabajo de las provinciales.
El balance resulta ilustrativo. Se estima que el 95% del conjunto de las denuncias presentadas fueron archivadas y las restantes no prosperaron. La propia Fiscalía reconocía que el resultado, dos años después, no podía ser más frustrante: se abrieron diligencias de investigación por 1.827 casos de niños robados. De ellas, 494 se han presentado ya ante los jueces y 1.229 se archivaron. En cuanto a la Oficina de Gallardón, las víctimas se negaron a colaborar con ella al detectar un posible caso de falsificación de un análisis de ADN en el caso de Eduardo Raya.
Redes
Aunque parezca mentira, se da por hecho que la trama surge por causas políticas y se sustenta por los erróneos conceptos científicos que en España defendía el psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, autor de un libro que defendía castrar a los psicópatas y obsesionado por patologizar las ideas de la izquierda, a cuyos defensores consideraba una especie infrahumana.
Semejante tormenta de disparates fue disipada del frontispicio institucional por el paso del tiempo y el sentido común, pero la trama había echado raíces y semejantes ideas calaron en algunos, sin duda animados por el lucrativo negocio que supone el tráfico de bebés. Un ejemplo: el ginecólogo Eduardo Vela (personaje clave en la red de sor María, una de las mejor documentadas y que hoy sigue investigándose) participaba en una constructora con jerarcas franquistas que llegó a tener inversiones por valor de más de seis millones de euros.
El Archipiélago
Especialistas como el sociólogo Francisco González Tena o el activista gaditano de SOS Bebés Robados Agustín Rubiales resaltan el papel destacado que jugó el Archipiélago en esta red delincuencial, dado que la lejanía insular facilitaba la tarea a la hora de borrar huellas. Entre 2013 y 2015 las fiscalías provinciales canarias trabajaron en 90 denuncias, 44 de ellas en la provincia tinerfeña y 36 en Las Palmas, pero tras esos dos años, solo tres seguían en trámite.
Las causas de este generalizado archivo son las mismas que en el resto de España: imposibilidad de acreditar el hecho delictivo, existencia de procedimiento judicial en ocasiones sobreseído, acreditación de la inexistencia del hecho (prueba de ADN coincidente con los denunciantes tras la exhumación) y manifestaciones de meras sospechas sin aportación de base fáctica o probatoria alguna. Eso, en lenguaje jurídico. En los pasillos se resume así: paso del tiempo y ausencia de testigos.
Y sin embargo hay indicios claros que apuntan, por ejemplo, hacia la Casa Cuna tinerfeña, especialmente tras el relato ofrecido por una exmonja -Mercedes Sánchez- que describió en 2011 a El País cómo sor Juana Alonso supuestamente se encargó del tema en la institución tinerfeña de caridad durante decenios, al principio en conexión con una red de pisos para madres solteras existente en Bilbao, pero también con Valencia.
Contundencia
No se puede negar contundencia a los escritos parlamentarios del pasado mes de abril en el Congreso o al de esta semana en Canarias. Si en Madrid se pide algo tan elemental con la creación de una Fiscalía especializada o una Mesa Permanente de Trabajo interministerial, en Canarias también se aboga por un banco público de ADN y se reclama que el 30 de agosto se declare como el Día en memoria de los bebés robados y sus familias.
Presumiblemente en aras del consenso, ya que en los debates sí que se nombra a la institución, en ninguno de estos escritos parlamentarios se hace referencia a la Iglesia católica, por mucho rastro que monjas como sor María en Madrid, sor Aurora en Valencia o la propia sor Juana en Tenerife dejasen en los senderos que, por justicia con los afectados, aún deben ser escudriñados.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]El segundo país del mundo con más casos de infantes desaparecidos
España es “el segundo país del mundo en casos de desapariciones infantiles tras el caso de las Stolen Generations en Australia”. Así se recoge en la exposición de motivos de la PNL aprobada esta semana en el Parlamento de Canarias, en la que se anima a seguir el método argentino por los bebés desaparecidos durante la dictadura en el gigante del cono sudamericano.[/su_note]
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