Christian Marcelino Represas, el secretario que suplió en 2006 al fallecido José Ángel Alonso en el Ayuntamiento de Arona, y que actualmente ejerce de vicesecretario municipal en Arico, entró en el caso Arona 2 en calidad de testigo y salió como investigado en las diligencias abiertas en el Juzgado número 4 de Arona por la aprobación del PGO anulado hace un año por el Supremo.
El funcionario fue llamado la semana pasada en calidad de testigo por la jueza Cristina Escamilla, que determinó investigarle a raíz de las declaraciones de los miembros de grupo de gobierno municipal (CC-PP) del período 2006-2011 que votaron a favor de la aprobación del Plan General, según ellos, atendiendo a un informe elaborado por Marcelino Represas, sin que este advirtiera que el PGO incluía unas modificaciones que excedían a las planteadas por la Cotmac.
Christian Marcelino, en cambio, durante su declaración como testigo en el caso Arona 1 sí habló de los reparos a la concesión de licencias y de sus advertencias al grupo de gobierno del posible delito de prevaricación, por el que ha sido juzgado 13 personas.
El exsecretario será defendido en esa causa que todavía no tiene juicio oral señalado por el abogado Esteban Sola, el mismo que defendió al arquitecto Jorge Menéndez en el caso Arona 1 y el que llevó la defensa de Antonio Plasencia en el caso Áridos.
Tanto el exalcalde como los seis concejales de la junta de gobierno fueron defendidos por la letrada Olga López Lago, quien les representaba desde que el juez Nelson Díaz comenzara las investigaciones a finales de 2007.
Olga López presentó su renuncia irrevocable a seguir con la defensa del exalcalde, José Alberto González Reverón, al no estar de acuerdo con el alegato final de este en la última sesión del juicio, en la que vino a decir que “con la nueva Ley del Suelo yo no estaría sentado aquí”.
Precisamente González Reverón regresa el lunes a la Audiencia Provincial, donde empieza otra pieza separada de ese caso, en la que se juzga también al cabo de la Guardia Civil, José Rodríguez, defendido por Javier Nart, letrado del empresario Pedro Suárez.
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