POR: Florentín Díaz
Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Güímar están cansadas del “incumplimiento sistemático y reiterado del VI Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Autonomía Personal, que las ampara como trabajadoras para ofrecer servicios a las personas dependientes del municipio”, según explica Míriam Morales, delegada de CC.OO. de la empresa Asidma, lo que viene ocurriendo desde el 1 de febrero de 2013, fecha que corresponde con la concesión administrativa del servicio por parte de la empresa.
La compañía está aplicando un convenio que, indica, no está legalizado en la provincia tinerfeña. Además, y según cuenta la delegada, la empresa le ha intentado “forzar en numerosas ocasiones para que firme el convenio ilegal y así darle, como representante del colectivo, un curso legítimo a este tipo de prácticas empresariales totalmente ilícitas, pero lo que no saben es que yo jamás me venderé, y jamás traicionaré a mis compañeras de trabajo”. Los incumplimientos constantes por parte de la empresa inciden negativamente en las jornadas de trabajo a las que cada día se tiene que enfrentar el personal. A raíz de esto, “se suceden multitud de atropellos laborales” que detalla Míriam Morales. “No nos dan los tiempos de descanso pertinentes, no nos pagan los traslados y el kilometraje lo abonan por debajo del precio del convenio colectivo estatal”. Además, ven cómo se les reduce la jornada de trabajo: “El colectivo de las trabajadoras nos sentimos desprotegidas y aún más cuando vemos peligrar nuestro trabajo reduciéndonos a muchas la jornada para luego ver cómo contratan a nuevas personas”. También se quejan de la poca formación que reciben y del incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La situación es insostenible y la empresa está aplicando “la ley del miedo sobre nosotras, sancionándonos por hechos supuestamente inventados para intentar despedirnos”, subraya Morales.
La delegada sindical se ha puesto en contacto con el Consistorio güimarero, pero “sus respuestas son siempre las mismas”, comenta. Desde el área de Bienestar Social, dirigida por Socorro González (PP), “no nos ofrecen ayuda y se mantienen al margen alegando que no pueden hacer nada”. La alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), “está dándonos esperanzas y promesas desde hace tres años, pero no ha llegado a mediar”.
Sin respuesta de ASIDMA
Este medio ha querido saber la versión de la empresa adjudicataria, pero no han querido hacer ninguna valoración. Por su parte, la edil Socorro González comprende el malestar en el que se encuentran las trabajadoras y apunta al futuro: “El contrato con la empresa finaliza en enero de 2017 y estamos trabajando para asegurarnos un estudio de viabilidad con mejores prestaciones, y mejoras tanto para los trabajadores como para los usuarios”.
La alcaldesa, Carmen Luisa Castro, explica que las trabajadoras no son del Ayuntamiento, sino de la empresa adjudicataria, y “por muy alcaldesa que sea, no puedo interponerme con la empresa que ganó el concurso”.
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