Con una incidencia media que supera el 25% y triplica la de la población española, los reclusos son el colectivo más afectado por la hepatitis C. De hecho, en centros penitenciarios como el de Tenerife II, en la actualidad hay unos 250 enfermos. Sin embargo, y a pesar de que el propio Ministerio de Sanidad ha priorizado el tratamiento de los presos con los nuevos fármacos, a día de hoy en la prisión tinerfeña solo 10 pacientes están siendo tratados con los medicamentos de última generación. Así lo denuncian familiares de presos y lo corrobora el médico de Tenerife II y secretario general del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, José Veiras Vicente, quien asegura que “solo están recibiendo los medicamentos los afectados más graves, es decir, aquellos que se encuentran en los estadios más avanzados de la enfermedad (los F3 y F4)”. El resto, más de 200 personas, “continúa a la espera”.
“En estos momentos hay en torno a 250 afectados con serología de hepatitis C en la prisión. Ello no significa que todos se tengan que tratar, porque algunos tienen una carga viral negativa. Y, a partir de la serología, hay que establecer el genotipo que determina el tipo de tratamiento”, explicó al DIARIO el doctor Veiras, quien no obstante dejó claro que “según la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que elaboró un documento de consenso sobre el tratamiento de la hepatitis C, se considera prioritario tratar a todos los reclusos afectados, porque la prisión es un recinto donde fácilmente se pueden producir contagios”. En este sentido, el facultativo de Tenerife II recordó que el control que se hace en el centro penitenciario es más estricto incluso que el que se lleva en los hospitales, porque “todos los enfermos están bajo supervisión directa y continua”. “Además, son personas que tienen muy difícil el acceso a los tratamientos fuera de la prisión, por lo que no entendemos por qué aquí dentro no están siendo tratados”, insistió el doctor Veiras.
Entre los motivos que explican este problema, el médico y secretario general del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria considera que el hecho de que las cárceles estén “excluidas” del sistema público “condiciona mucho la atención y merma la calidad asistencial” porque, entre otras cuestiones, “no podemos acceder al programa Drago de historia clínica del paciente, y la única información que recibimos es del propio afectado o de la familia”. “De igual modo, todos los procesos de derivación para asistencia hospitalaria y el acceso a especialistas es mucho más complejo”, denotó José Veiras, quien manifestó que “la Consejería debería asumir esta competencia, como ya han hecho otras regiones, lo que redundaría en una mejora de la salud de los internos y a nivel comunitario”.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Sanidad afirma que “tienen la misma consideración” que los demás pacientes
El director de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad, Bernardo Macías, señaló que “en Canarias los presos tienen la misma consideración que el resto de pacientes; la única diferencia es que en Tenerife hay reclusos que van directamente al hospital y otros que son tratados por los especialistas en el propio centro penitenciario”. “Es uno de los colectivos más afectados, y sería una irresponsabilidad y poco ético dejar de tratar a estos pacientes”, concluyó Macías[/su_note]
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