La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) acusa a la Comandancia provincial del Instituto Armado en Santa Cruz de Tenerife de hacer la vista gorda con los mandos a la hora de aplicar sanciones y que el 95% de los 184 expedientes abiertos que terminaron en infracción durante 2015 en esta provincia recayó en agentes y cabos.
La asociación sostiene que los servicios jurídicos de la Guardia Civil “emplean distintas varas de medir a la hora de imponer infracciones disciplinarias”, de tal modo que “los profesionales de base de la Benemérita son el grupo en el que recae el grueso de los expedientes, en la mayoría de los casos abiertos por nimiedades, cuando el incumplimiento del reglamento de la Guardia Civil por parte de los mandos en muy pocas ocasiones desemboca en una amonestación”.
Para sostener su argumento, desde la AUGC se recuerda la sanción de dos días sin empleo y sueldo impuesta a un agente de Baleares por haber saludado a un sargento sin la gorra del uniforme reglamentario, lo que implica entre otras cosas detraer un efectivo de patrullar en la calle, mientras que un teniente y un brigada de la provincia tinerfeña quedaron exentos del inicio de un expediente disciplinario habiendo transgredido el derecho al descanso de un guardia civil.
Detalla la asociación que en el caso tinerfeño los servicios jurídicos decidieron archivar la documentación presentada por el guardia civil justificandose en que ningún otro integrante de la unidad presentó queja alguna y que el brigada hizo una interpretación particular de la norma sobre el derecho al descanso.
Para la AUGC, llama poderosamente la atención esta consideración, puesto que en la normativa sobre jornada laboral de la Guardia Civil los periodos de descanso se encuentran perfectamente reglados y no admiten interpretación alguna, y advierten de que si la irregularidad hubiera sido cometida por un guardia civil, hubiera sido objeto con total seguridad de una infracción grave.
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