Entre septiembre y diciembre de 2015 se cursaron ante la Administración autonómica de Canarias 12.503 solicitudes de acceso a la información pública al margen del procedimiento de la ley 12/2014, frente a las 91 que sí siguieron el cauce ordinario. Así lo refleja el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, en su primer informe anual, que el martes presentó en la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia en Igualdad y que a continuación se elevará al pleno. Ese material adicional se remitió el 30 de marzo último. Las tres cuartas partes de esta categoría están relacionadas con servicios sociales, incapacidad y dependencia.
De las peticiones reseñadas en las fichas de evaluación, 69 se dirigieron a los departamentos del Ejecutivo regional (el 75,82%) y las otras 22 (24,28%) eran para los organismos autónomos. Por consejerías, la de Presidencia, Justicia e Igualdad -la encargada de coordinar y supervisar el despliegue de la ley de transparencia- registró 23 demandas de información. A poca distancia, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, contabilizó 20. Educación y Universidades tuvo 13; Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, 3; Obras Públicas y Transportes, 3; Sanidad, 2; Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, 2. Con solo 1 aparecen Turismo, Cultura y Deportes; Hacienda y la presidencia del Gobierno. Las consultas versaba en su mayoría sobre los “contratos” y ocho se incluyen en el tipo de “ayudas y subvenciones”. Entre los organismos autónomos sobresale el Servicio Canario de Empleo, con 15 solicitudes.
En cuanto a los cabildos, cuatro de los siete no han activado el portal de transparencia. El comisionado dispone de datos sobre Tenerife, La Palma y Gran Canaria, además de Lanzarote. En su conjunto se recibieron 15 peticiones: Tenerife, 7 (46,67%); Lanzarote, 5 (33,33%); Gran Canaria, 3 (20%), y La Palma, ninguna. Retribuciones, ayudas y subvenciones acapararon la curiosidad. En cambio, nadie indagó sobre la organización; personal de libre nombramiento; empleo en el sector público; normativa; servicios y procedimientos; económico-financiera; obras públicas; convenios y encomiendas; concesiones ni ordenación del territorio.
A los ayuntamientos les está costando adaptarse. De las 88 corporaciones municipales, 18 no han construido aún su portal de transparencia. Y de esos 70, 31 no le dan el uso adecuado. En total se enviaron 219 solicitudes de acceso a la información: 173 en Arona (el 79%), 42 en Vilaflor (19,18%) y 4 (1,83%) en Teguise. De ellas, 179 están catalogadas bajo el epígrafe genérico de “otra información”; 12 se engloban en “servicios y procedimientos” y 7 figuran en “ordenación del territorio”.
Del análisis de esta fase inicial de aplicación de la ley canaria de transparencia, Cerdán deduce que la ciudadanía “apenas está ejerciendo el derecho de acceso”. El comisionado lo achaca al “desconocimiento” o a la “falta de interés en tomarse tiempo” para rellenar el formulario. “Tampoco se está haciendo una presión efectiva a las administraciones que no han habilitado los nuevos contenidos de publicidad obligatoria”.
En el Archipiélago se han identificado 389 sujetos obligados de carácter público. La definición de la metodología de evaluación del grado de cumplimiento ha traído de cabeza de Daniel Cerdán, que desarrolló un sencillo sistema provisional. Para él, es una complicación que “el mayor esfuerzo” de las instituciones en sus portales de transparencias se vuelque en describir la estructura interna y en aparcar información económico-financiera que se encontraba en circulación.
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Las 18 reclamaciones presentadas en 2015 se han resuelto
El comisionado de Transparencia atendió el año pasado 18 reclamaciones por anomalías en el acceso a la información pública. Todas se han resuelto: ocho en sentido positivo; una parcialmente, tres con resultado negativo, una inadmitida por incompetencia, cuatro por estar fuera de plazo y otra por desistimiento. Catorce de los expedientes fueron objeto de requerimiento y cuatro de estos se retiraron.
El comisionado denegó una reclamación relativa a unas supuestas ayudas del Cabildo de Tenerife al Canarias Beauty Show de 2013 y el Tenerife Live de 2015. Al respecto, Daniel Cerdán relata que el Cabildo le manifestó que se le contestó al peticionario que desde el área responsable no se ha tramitado ni otorgado subvención o ayuda económica alguna a los citados “eventos”. Y se alega que la empresa insular Artesanía, S.A. participó en la Canarias Show para “divulgar actividades desarrolladas bajo la denominación genérica Tenerife Moda Belleza.
El comisionado estimó una queja por silencio de una información solicitada al Servicio Canario de la Salud; concretamente, de copias de los documentos contractuales de la Residencia Médica Asistida Nuestra Señora del Mar, S. L. En su justificación, Cerdán expone que el SCS es un organismo autónomo del Gobierno regional que como tal queda afectado por la Ley de Transparencia y añade que la normativa menciona específicamente la información relativa a contratos.
Siete de las reclamaciones se atribuyen al Ejecutivo (el 39%), de las que dos competen a la Consejería de Obras Públicas y Transporte; una al Cabildo de Tenerife; otras tantas a los ayuntamientos de Santa Cruz y de Tías; una a la Seguridad Social, y cuatro al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma.[/su_note]
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El órgano de control abre su propio portal de transparencia
El Comisionado de Transparencia de Canarias acaba de abrir su portal digital (Transparenciacanarias.org), con la información completa del informe anual de 2015. La web contiene, asimismo, las 29 resoluciones sobre las reclamaciones aprobadas hasta la fecha por este órgano de control vinculado al Parlamento.[/su_note]
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