El Gobierno de Canarias negocia un plan de ordenación para recuperar el empleo público

Una las medidas coyunturales, hasta que se ejecuten las ofertas anuales, consiste en prolongar la vida laboral de los funcionarios
Oficinas del Gobierno de Canarias en el edificio de Usos Múltiples I de Santa Cruz de Tenerife. / FRAN PALLERO
Oficinas del Gobierno de Canarias en el edificio de Usos Múltiples I de Santa Cruz de Tenerife. / FRAN PALLERO

Al Gobierno de Canarias no le ha quedado más remedio que admitir que el número de trabajadores de la Administración General de la Comunidad Autónoma -en la que no se incluyen los estatutarios de la sanidad ni de la docencia- es insuficiente para garantizar una gestión eficaz y eficiente. Así se deduce del plan de ordenación de recursos humanos que negocia con los representantes sindicales, que en principio se muestran receptivos. En el texto aprobado este lunes se establecen medidas para  la recuperación del empleo público y frenar su pérdida.

Durante 2015 abandonaron el sistema 173 funcionarios por motivos de jubilación forzosa, incapacidad o voluntaria; excedencias y por fallecimiento. Solo se incorporaron 21 interinos para cubrir puestos vacantes. Son  cantidades similares a las de ejercicios precedentes. Es más, el déficit de la Administración autonómica es de casi 1.000 efectivos al año desde 2012. En ese periodo, la merma del personal adscrito al Ejecutivo regional fue la mitad del conjunto.
Según el boletín estadístico, en Canarias hay 121.796 empleados públicos (64.759 en la provincia de Las Palmas y 57.037 en la de Santa Cruz de Tenerife). De esa cifra, 58.069 son de la Administración autonómica. Y, dentro de esta, 11.802 componen la general.

Ante este panorama, sobre la mesa sectorial de negociación del funcionariado se ponen medidas paliativas hasta se ejecuten las “irrenunciables” ofertas de empleo público que se convoquen sucesivamente. Entre esas disposiciones coyunturales se encuentra el cambio en el criterio para la prolongación del servicio activo de los funcionarios. Excepcionalmente se autorizará a los nuevos funcionarios de la Administración general a que desempeñen tareas, en comisión de servicios, en otras administraciones públicas.

En el marco de la legislación vigente, la extensión de la vida laboral se concederá por un tiempo máximo de un año. No obstante, podrá ampliarse mediante una resolución confirmatoria de la Dirección General de la Función Pública. En el supuesto de que varios empleados lo soliciten, “en idénticas condiciones de transmisión de conocimientos o de experiencia cualificada”,  la Administración  hará la selección dando preferencia a quien no tenga en ese momento los años mínimos de cotización para percibir el 100% de la pensión de jubilación y, finalmente, la antigüedad. Se considerará, asimismo, “el nivel de cumplimiento del horario y de asistencia al trabajo en los tres últimos años”. El absentismo restará puntos. El límite de “ausencias  justificadas y acreditadas por razón de permiso sin sueldo” quedará fijado en el 15%.

Esta operación responde a la “alarmante descapitalización”.

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