Las causas procesales catalogadas como complejas en los juzgados de Las Palmas cuadruplican a las de la provincia tinerfeña. Así lo detalló ayer el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, quien se mostró satisfecho por el esfuerzo de los fiscales para revisar todos los asuntos a los que ayer se les cumplió el nuevo plazo de seis meses para la instrucción, después de que el pasado 6 de diciembre entrase en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que agiliza así la Justicia en España.
Garrido explicó que se desconoce con exactitud cuántas causas se encontraban abiertas en los tribunales de las Islas aquel 6 de diciembre, pero entiende que los fiscales han logrado revisar prácticamente el 100%, cifrando las mismas en unas 12.000. Tal cantidad se desglosa en 4.352 de Gran Canaria, 3.637 entre Lanzarote y Fuerteventura, y poco más de 5.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De las mismas, se consideran complejas cerca de 1.400, de las que 1.116 son de la provincia oriental y 277 de la occidental, una desproporción de cuatro a uno, como ya se apuntó.
Hay que tener en cuenta que estas causas complejas (si así las aprecia el juez de turno) tienen un plazo extra que se prorroga hasta los 18 meses para la presentación de unas acusaciones provisionales, plus que puede repetirse cuantas veces lo considere necesario el juez en cuestión.
En cuanto al esfuerzo realizado por las fiscalías canarias para revisar esas 12.000 causas, el principal responsable de las mismas calificó el mismo de “importante” y agradeció la colaboración mostrada por colectivos como el de los letrados de la administración de Justicia, antes denominados secretarios judiciales.
A este respecto hay que tener en cuenta que las previsiones no eran halagüeñas para las Islas, a tal punto que desde la propia Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias se temía que miles de causas quedaran sin revisar, tal y como se reflejó en una respuesta parlamentaria sobre el asunto requerida por el diputado regional del PSOE Gustavo Matos.
Tal desfase entre el mal augurio gubernamental y el resultado anunciado por el fiscal superior de Canarias puede estar relacionado con la indeterminación en el número de causas abiertas en los juzgados isleños a 6 de diciembre pasado, cifradas en unas 15.000 por entonces y ahora reducidas a unas 13.000.
Entrando en el fondo de la cuestión, Vicente Garrido se mostró partidario de la filosofía que impregna esta reforma, por otra parte muy contestada desde significados sectores tanto profesionales como políticos.
El jefe de los fiscales canarios entiende que se debe evitar que las instrucciones se eternicen en los juzgados, si bien recordó que tal carga no puede ser asumida desde el Ministerio Público, habida cuenta de que no tienen el control sobre las mismas en nuestro ordenamiento jurídico.
Por su parte, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, afirmó ayer en Madrid que se ha cumplido satisfactoriamente con el plazo en cuestión, dando por hecho que todas se han clasificado entre sencillas y complejas, a pesar de reconocer que el pasado 1 de junio unos 12.000 procedimientos seguían aún pendientes de ser revisados por parte de las fiscalías de todo el país.
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