“La iniciativa legislativa que se quiere aprobar en el Parlamento sobre los barrancos de Güímar es ilegal, porque el suelo está sujeto a una sentencia judicial que obliga a su rehabilitación antes de proceder al cambio de uso del terreno”, indicó Carlos Álvarez, letrado de la acusación particular en el llamado caso Áridos, que condenó a cuatro areneros a penas de prisión, que no cumplirán tres de ellos al llegar antes a un acuerdo de culpabilidad.
“El cuerpo del delito (el terreno) no se puede variar. El Tribunal Supremo sentencia que no se puede cambiar la calificación de un suelo, como pretende esa iniciativa legislativa presentada por el Cabildo pasando de minero a suelo rústico medioambiental, que esté sujeto a una condena firme, por lo que primero hay que restaurar. No se puede variar la calificación territorial de las canteras, y por lo tanto esa iniciativa legislativa en caso de aprobarse sería impugnada atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la justicia europea”, añadiendo que en ese caso “lo que procede, si no se puede restaurar, es decomisar a los areneros condenados si es que no quieren entrar dentro de dos años en la cárcel”, manifestó el abogado.
“Ni el Parlamento ni el Cabildo de Tenerife ni el Ayuntamiento de Güímar pueden actuar sobre el cuerpo de delito, no se puede resucitar el terreno”, remarcó Carlos Álvarez.
El plan de Plasencia
Sobre el plan de rehabilitación presentado por Antonio Plasencia, y redactado por el ingeniero Diego Vega, el único que lo ha hecho, y que ha sido descartado por el Cabildo al exigir un proyecto integral para todas las canteras, Álvarez señaló que “no se puede hacer ningún plan con condena firme sobre el territorio. Como primer objetivo hay que restaurar, luego se puede hablar de plan integral”.
“Aquí -prosiguió el letrado- se sigue una ley del 21 de julio de 1973 que está en vigor, cuando habla de que los planes de rehabilitación de las extracciones mineras que se han excedido del título habilitante, se deberán elaborar por la Administración pública y en este caso le corresponde a la Viceconsejería de Industria y Energía. El Cabildo y Ayuntamiento se quedan como administraciones auxiliares, dando la licencia a ese plan de restauración, pero nunca serán quienes lo redacten, como tampoco serán los condenados quienes lo hagan, como pretende el señor Plasencia, con la construcción de una balsa”.
“Es imposible restaurar los hoyos entendiendo la ley de Minas, pero vamos a ser congruentes, porque la pelota está en el tejado del consejero de Industria, que es el que tiene que sacar la orden del plan concreto, como dicta un decreto de septiembre de 2013, en donde se establecen unas medidas atemperativas al daño medioambiental causado”. “Lo que debería hacer el Gobierno de Canarias es exigir a los areneros el dinero del peritaje realizado y con ello comenzar restaurar todo lo que se pueda”, finalizó Álvarez.
“José Enrique Morales no es insolvente, ha hecho un alzamiento de bienes impresionante”
Es indiscutible que cuando se habla de los areneros condenados, es el de Antonio Plasencia el nombre más conocido y el único que por lo pronto presentó un aval inmobiliario de 50 millones de euros y un plan de rehabilitación que no se le ha tenido en cuenta.
Sobre los otros tres, se sabe que Francisco Javier del Rosario, que no aceptó el acuerdo de culpabilidad y prosiguió en el juicio que perdió, está pendiente del recurso ante el TS, tras contratar a un letrado madrileño, después de descartar a Rafael Verdugo.
A Pedro Sicilia se le ha embargado un gran chalé en la zona de los barrancos y de José Enrique Morales, el letrado Carlos Álvarez afirma que “ha hecho alzamiento de bienes, transmisión patrimonial hacia su mujer y sus hijos, de manera impresionante, cometiendo una insolvencia punible que ha dejado rastro”.
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