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Los 1.600 millones del fondo del IGTE se invertirán sin cuotas de porcentaje por islas

El Gobierno aprueba el decreto del Fondo de Cohesión de Canarias: el 75% para infraestructuras, el 20% para empleo y el 5% para I+D+i
Reunión del Consejo de Gobierno (en primer plano, los consejeros Pedro Ortega y Rosa Dávila./ DA
Reunión del Consejo de Gobierno (en primer plano, los consejeros Pedro Ortega y Rosa Dávila./ DA

El Gobierno regional aprobó ayer el decreto que regulará el Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias (FDCAN), dotado con 1.600 millones de euros, a razón de 160 al año durante una década, y que se distribuirá en función de las iniciativas que presenten los cabildos y los ayuntamientos; por tanto, sin porcentajes previos de reparto por territorios.

El grueso del fondo, el 75%, se destinará a programas y proyectos de infraestructuras, el 20% a políticas activas de empleo y el 5% a conocimiento e Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). Tales porcentajes, en el caso de este año, cuando comenzará el plan, se podrán “flexibilizar”, de acuerdo con los proyectos y programas disponibles.

El pasado año, los cabildos, con el rechazo de Gran Canaria, llegaron a defender que la distribución de tan ingente cantidad de dinero -proveniente de la renuncia del Gobierno estatal a percibir de Canarias una compensación por el antiguo Impuesto General del Tráfico de Empresas, IGTE- se hiciera en función de la triple paridad electoral, o sea, igual que se asignan los escaños en el Parlamento canario: mitad para cada provincia, y, dentro de cada una, mitad para las islas capitalinas y la otra mitad para las islas no capitalinas de cada provincia. El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, apoyó tal idea al principio, pero, tras el revuelo político causado, la desechó.

Pues bien, ayer el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a un decreto regulador del Fdcan que no prevé ningún mecanismo reglado para equilibrar las inversiones por islas, según confirmó la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en rueda de prensa, a preguntas de este periódico, pues subrayó que será un comité técnico el que propondrá al Ejecutivo canario los proyectos financiables, órgano en el que participarán, además del Gobierno de Canarias, la patronal, los sindicatos y las universidades. “Descartamos el reparto por islas, preferimos una forma más inspirada en lo que se hace con los fondos europeos”, apuntó Dávila.

Descartado, pues,  el reparto territorial, lo que sí habrá es una diferente porcentaje de financiación según de la isla que se trate. Así, el decreto establece que se podrán acoger a este fondo programas plurianuales en los que participe un cabildo y los ayuntamientos de una isla, con ejes prioritarios para desarrollar en 10 años como máximo.

En tales casos, el Gobierno canario financiará el 50% del presupuesto si los cabildos que los promueven son los de Tenerife y Gran Canaria, porcentaje que se elevará al 80% si se trata de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y del 90% en La Gomera y El Hierro. Esos programas y proyectos podrán tener ámbito municipal, insular o suprainsular, y ejecutarlos administraciones públicas y sus entes o universidades públicas, de forma individual o común.

La convocatoria de 2016 y 2017 se hará este año para proyectos que deberán estar ejecutados en 2019, aunque el Gobierno podría prorrogarlos 12 meses.

Los 160 millones anuales se destinarán a proyectos y programas en tres ejes. En el de conocimiento, se financiarán actividades de I+D+i de empresas, y de estas con centros de investigación; redes de comunicación digital, comercio electrónico y servicios públicos digitales. En cuanto a infraestructuras, el Fdcan invertirá en las de transporte, científico-tecnológicas, hidráulicas y para el sector primario; espacios públicos con potencialidad turística, construcción y rehabilitación del parque público de viviendas, zonas comerciales abiertas, energías renovables, y “todas las [iniciativas] que mejoren la competitividad de la economía”. También se podrán acoger a esta financiación pública incentivos para colectivos de difícil inserción, formación de adultos con escaso nivel de estudios, fomento de la formación de personas con escaso nivel de estudios, planes de empleo para hogares con todos sus miembros sin recursos y programas para titulados que ayuden a mejorar el modelo productivo.

 

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