Los informes sobre la situación legal del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, el conocido como mamotreto, se multiplican en un sentido y otro: mantenerlo o derribarlo. El último que se ha conocido tiene fecha de este mismo mes de julio y defiende que aún es posible legalizarlo parcialmente a pesar de que existe sentencia firme para su demolición. El citado documento fue dado a conocer ayer por el PSOE de Santa Cruz, que mostró su indignación por “malgastar casi 20.000 euros” en un informe que, afirmó su portavoz, José Ángel Martín, tiene fecha posterior al ultimátum del juzgado para que se proceda al derribo del edificio, algo por lo que pedirá explicaciones a CC-PP.
El informe en cuestión ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Fernando López Ramón, considerado uno de los máximos expertos del país en esta materia. En él, y a lo largo de 22 páginas, López no solo cuestiona la sentencia que obliga a derribar el mamotreto sino la estrategia jurídica seguida por el Ayuntamiento, al no personarse desde el primer momento. Así, tras analizar la sentencia y la legislación vigente, el catedrático concluye que se ha de solicitar al juzgado “la legalización parcial de las obras del aparcamiento de Las Teresitas, dado que las mismas resultan perfectamente adecuadas al vigente PGO de 2013, donde se permite su directa ejecución conforme al inicial proyecto, con excepción de la parte de las obras incluida en la zona de la servidumbre de protección marítimo-terrestre, cuya exacta determinación habrá de realizarse por el órgano competente, la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, en los términos de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 18 noviembre 2014”. Además, establece que, en función de la respuesta judicial a la anterior solicitud, “suscitar un conflicto de jurisdicción ante el mismo Juzgado de lo Penal nº 5 al producirse una invasión judicial de las competencias administrativas exclusivas en materia de protección del dominio público, defensa de los sistemas generales urbanísticos y ejecución forzosa de los actos administrativos”.
Para el PSOE la validez de este informe es nula ante la existencia de una sentencia firme de derribo. Su portavoz incluso aseguró que los socialistas estudiarán emprender acciones legales, puesto que este encargo puede constituir un delito de malversación de fondos públicos.
Urbanismo
El edil de Urbanismo, Carlos Garcinuño, confirmó la existencia del citado informe, matizando que se solicitó para garantizar que la inclusión del edificio de aparcamientos dentro del Plan Especial de Las Teresitas cumplía con todas las garantías legales. “El propio PSOE no se ha cansado de repetir que usábamos el Plan para legalizar lo ilegalizable y hemos querido cersiorarnos de que no era así”, señaló. Para el edil, las conclusiones del informe, “sobre las que Martín no entra” ponen en evidencia que el Ayuntamiento debió personarse en la causa. En cuanto a la amenaza del PSOE de acudir a los tribunales, Garcinuño respondió que, “malversación es denunciar un edificio por ilegal y luego aprobar un Plan General que obliga a levantarlo en el mismo sitio con fondos públicos”.
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