El empresario tinerfeño de origen sirio Amid Achi explicó ayer que se opuso a la concesión del préstamo que CajaCanarias facilitó a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín para adquirir los terrenos de Las Teresitas porque no se les exigieron los avales propios de una operación de tal envergadura. Sin embargo, y tal y como ya declaró en 2008, cambió su postura y se abstuvo en el siguiente consejo porque “el entonces vicepresidente de CajaCanarias, Nicolás Álvarez, me amenazó” y le dijo que en caso contrario “tendría problemas con mis empresas”. Achí detalló que el préstamo en cuestión “se planteó en el turno de ruegos y preguntas” e insistió en que “era el crédito más grande de la historia de Caja a manos privadas y se daba a una sociedad recién formada para comprar un suelo pendiente de una sentencia” siendo los beneficiarios “dos personas que estaban bien, pero cuando pregunté por qué no se pedía aval el director general respondió que no hacía falta”. Achí afirmó que no se le facilitaron datos anteriores sobre la operación antes de la celebración del consejo, si bien tanto el entonces secretario del consejo, Pedro Afonso, como el presidente de la comisión de control de la entidad, Juan Gutiérrez, sí declararon ayer que contaron con tal información. En lo que los tres estuvieron de acuerdo -un dato menos llamativo pero de peso para el objeto del procedimiento- es en que Miguel Zerolo no participó en el referido consejo, ya que en realidad estaba en Nicaragua como se pudo comprobar durante la instrucción.
La ausencia del exalcalde fue en lo único que coincidieron Afonso y Achí. El primero justificó la ausencia de avales por “el conocido prestigio” de uno de los beneficiados, en referencia a Antonio Plasencia, si bien dijo no recordar que en lugar de González Martín figuraba un empleado suyo ni que el Banco de España multó a CajaCanarias por esta operación, un hecho probado que sí recordaban tanto Achí como Gutiérrez. Este último explicó que la comisión de control que entonces presidía mostró su inquietud ya que “no veíamos correcto que la empresa ni estuviera inscrita en el registro ni entendíamos por qué tantas prisas”, dijo este prestigioso abogado, quien también declaró el recelo que les provocó “la valoración efectuada por Tinsa, ya que no se ajustaba al caso”. Gutiérrez detalló igualmente que tanto el director general como el presidente les expusieron personalmente el asunto -“sólo pasó en dos ocasiones durante los ocho años en que ocupé el cargo”- y que ambos aseguraron que “era una operación interesante para la Caja”.
Por último declaró uno de los expresidentes de la Junta de Compensación, Jerónimo Delgado, por cuanto el otro que acudió, José Delgado, apenas pudo responder a las preguntas dado que presentaba un estado de salud tan precario que muchos de los presentes se preguntaron por qué no se disculpó su asistencia al juicio. Respecto al primero (inculpado en una pieza separada del proceso que nos ocupa), aseguró que la Junta pagó todo lo estipulado en el convenio de 1967, lo que contradice la tesis de que en realidad los terrenos en litigio eran públicos, sostenida por el hallazgo de una documentación en 2013 por parte de un abogado del Ayuntamiento. Jerónimo Delgado también explicó que en los años 80 recibieron una oferta municipal de 800 millones de pesetas por parte del entonces edil de Urbanismo Pablo Matos, rechazada porque ellos los valoraban en unos 6.000. Finalmente vendieron por 5.500.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Del retraso por la reiteración de preguntas a esperar por otro testigo
La advertencia del magistrado que preside el juicio tras la reiteración de preguntas que alargó la declaración del primer testigo mantuvo ayer su efectividad a tal punto que hubo que avisar al tercer testigo para que llegase antes de lo señalado. Y, claro, hubo hasta minutos para el relax[/su_note]
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