Así fueron los hechos que conducen a un juicio que marcará toda una época de la capital tinerfeña.
Junta de Compensación.
Se constituyó en 1964 para agrupar las propiedades que afectaban a la playa y sus alrededores. Un administrador, José Antonio Joan Bagué, fue condenado por el Supremo en 2013 a pagar 11,04 millones por deudas fiscales. Hay un proceso penal abierto contra Mauricio Hayek y Jerónimo Delgado, señalados por Joan Bagué como los administradores de hecho.
ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO
La Junta pacta en 1986 un nuevo convenio que reduce la edificabilidad prevista a menos de la mitad. El pleno lo aprueba en 1989. Ello desemboca en una revisión del Plan Parcial previsto entonces para Las Teresitas.
PRIMERAS DENUNCIAS
Los recursos presentados por el grupo municipal del PSOE y la Administración del Estado llevan a la anulación de la citada revisión del plan parcial en 1992.
EL SUPREMO (I)
Hubo que esperar hasta 1998 para que el alto tribunal español contradiga al canario y devuelva la legalidad a la revisión del plan.
LA VENTA
Un día antes de hacerse pública la sentencia, la Junta de Compensación se compromete a vender 101 parcelas a Inversiones Las Teresitas (Ignacio González Martín y Antonio Plasencia). En un ajetreado junio de 1998, los empresarios obtienen un crédito de Cajacanarias sin más aval que los terrenos por adquirir. El precio de los mismos aún se discute, dadas las abrumadoras diferencias entre la tasación de la entonces arquitecta municipal (Pía Oramas) y, por ejemplo, Tasaciones Inmobiliaria, S.A (Tinsa).
LA COMPRA
Es en 2001 cuando el Ayuntamiento compra el frente de playa a los empresarios por casi 18 millones más de lo que pagaron. La operación incluye un convenio con la Junta de Compensación, que entra en barrena al sucederse en días siguientes las quejas de decenas y decenas de propietarios que aseguran no haber sido informados.
SEGUNDA DENUNCIA Y QUERELLA
Militantes socialistas agrupados como Insula Viable denuncian en 2002 lo que entienden como pura corrupción. Cuatro años después, La Fiscalía acusa a los que hoy serán juzgados.
EL SUPREMO (II)
El alto tribunal anula en 2007 la compra por parte del Ayuntamiento, al que responsabiliza de tal consecuencia.
LLEGAN LOS JUICIOS
En 2014 la Justicia ordena tirar el mamotreto (unos aparcamientos a medio construir) y dicta penas de cárcel para seis de los siete acusados; el juicio civil se retrasa hasta este año y, tras celebrarse, se aplaza la sentencia hasta que sea firme una decisión sobre el penal, que arranca hoy.
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