Un exletrado municipal defiende que los terrenos son públicos desde 1967

Ruymán Torres testifica que el aval de la Junta que recuperaba la propiedad obedece en realidad al pago de unas obras de urbanización
Caso Las Teresitas
El tribunal revisa documentación durante la declaración de Mauricio Hayek, ayer en el Palacio de Justicia. SERGIO MÉNDEZ
El tribunal revisa documentación durante la declaración de Mauricio Hayek, ayer en el Palacio de Justicia. SERGIO MÉNDEZ

El que fuera abogado de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante buena parte del inicio de siglo, Ruymán Torres, defendió ayer que los terrenos adquiridos en 1998 por la empresa Inversiones Las Teresitas siguen siendo de titularidad pública desde 1967 al no devolver la Junta de Compensación en su totalidad el dinero que adelantó el Ayuntamiento para la construcción de la playa artificial: 50 millones de pesetas. La sorprendente teoría, surgida cuando el propio Torres halló en dependencias municipales una documentación al respecto, se vio reforzada ayer durante su declaración como testigo en el juicio penal que se celebra desde el viernes pasado en la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife al explicar que el aval de 12 millones de pesetas que supuestamente culminaba el pago por parte de la Junta tras el abono de otros 39 obedece, en realidad, al abono de unas obras de urbanización acordadas en el convenio firmado en 1986. Eso sí, Torres reconoció ayer que cuando analizaron la documentación dudaron de si toda la operación había ya prescrito y que esta tesis, a la que la Fiscalía ya ha demostrado con creces haberse abonado, no deja de incluir una dosis de interpretación jurídica.
Sea como fuere, la testifical de Torres y la del abogado de la Junta de Compensación Mauricio Hayek firmaron ayer la sesión más interesante en relación con el objeto de este procedimiento de todas las acaecidas hasta ahora. En un relato con cierta teatralidad de fondo que no en la forma, Torres (que se mostró como un letrado solvente en su campo) detalló que encontró los documentos cuando pudo acceder a los mismos, ya que dijo que estaban bajo llave en el despacho del secretario de la gerencia de urbanismo, Víctor Reyes, uno de los 13 encausados en este proceso. También logró sacar de una caja fuerte ubicada en la tesorería del Ayuntamiento las reclamaciones municipales de esos 11 millones, además de otros papeles que, por su naturaleza, ciertamente deberían haberse añadido al voluminoso expediente que nos ocupa. No menos llamativo resultó la revelación de Torres acerca de la existencia de anotaciones recientes en dichos documentos, que a su juicio prueban que alguien analizó los mismos en fechas tan recientes como 2007. El relato se complementa con el escrupuloso proceso de actuación por parte del exletrado, que además de reconocer su inicial incredulidad ante tan sonado hallazgo detalló cómo lo puso en conocimiento de sus superiores hasta llegar al alcalde (ya era José Manuel Bermúdez) e hizo las comprobaciones pertinentes antes de tomar la decisión de enviarlo todo a la Fiscalía. De la importancia del asunto da cuenta el hecho de que no solo hablamos del frente de playa, sino también de terreno edificable. Otro dato que inexcusablemente debe recordarse en este punto: el Registro de la Propiedad nunca recogió que los terrenos fueran públicos al no culminarse el pago de aquellos 50 millones

Con anterioridad declaró Hayek, un testimonio que se prolongó por encima de las dos horas (esta vez plenamente justificado por la importancia del mismo) y en el que sobre todo llamaron la atención dos aspectos: lo incongruente del mismo (a veces incluso diáfanamente contradictorio en apenas segundos) y el hecho, por otra parte ya sabido, de que además de ser el abogado y hombre clave de la Junta de Compensación llegó a cobrar hasta 300 millones de pesetas de los empresarios, pago que el justificó por un asesoramiento técnico sobre planeamiento. El abogado, que será juzgado el mes que viene en una pieza separada de este proceso, negó haber mantenido reunión alguna con políticos sobre este asunto, pero se le hizo ver que existía un acta municipal de una cita con el exalcalde Miguel Zerolo y los exportavoces de la entonces oposición Emilio Fresco y José Emilio García Gómez. La Fiscalía apretó a fondo preguntando si no valían más los terrenos de Las Huertas con el argumento de si no aumentaban de valor teniendo delante “un oasis” (por el proyecto de Perrault) que “Benidorm” (hoteles en el frente de playa). La réplica llegó por el abogado de García Gómez , Juan José Rodríguez, quien hizo ver que al reducirse considerablemente la edificabilidad, en realidad el pelotazo lo daba “el ayuntamiento”, como rápidamente respondió Hayek. Para finalizar y para que entiendan que a la jornada no le faltó de nada, Hayek llegó a sostener que Zerolo había prevaricado por… convocar el concurso de ideas que finalmente ganó el francés Dominique Perrault.

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