El Cabildo de La Palma considera “una irresponsabilidad” crear un punto de encuentro familiar en la isla “sin saber si va a tener continuidad”. Así lo explicó la consejera de Asuntos Sociales en sesión plenaria, Jovita Monterrey, en respuesta a la exigencia “de la urgente puesta en marcha” del recurso por parte de la portavoz del Partido Popular, María de Haro.
El Cabildo no quiere asumir una competencia que no le es propia y que deberá financiar con fondos propios si el Gobierno de Canarias no se compromete a subvencionar en un porcentaje razonable o al 100%, los costes de este recurso.
El Cabildo está a la espera de que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias sustancie un compromiso firme y pese a todo ha dispuesto una previsión de gasto para dar cobertura a este servicio de 31.100 euros el próximo año 2017, una partida para la que el PP ya ha anunciado que presentará una enmienda para su incremento tras la presentación del proyecto de presupuestos de la próxima anualidad.
Esos fondos cubrirían parcialmente los gastos, pero el Cabildo palmero pretende ir más allá, “dando continuidad a la prestación del servicio” con la financiación completa por parte del Ejecutivo canario en cumplimiento de sus competencias en la materia y tras recordar que “de los 200.000 euros que Justicia destina a este servicio en las islas, 120.000 euros han sido este año para Tenerife”.
Anselmo Pestana, que reveló que desde ese departamento regional le han trasladado que “no hay recursos suficientes” ha subrayado la necesidad de dar un trato igualitario a todas las islas con este recurso, que se presta actualmente en Fuerteventura, Lanzarorte, Gran Canaria y Tenerife.
El Cabildo defiende la necesidad de poner en marcha al menos uno de estos espacios neutrales para evitar conflictos familiares y que permiten la relación de los menores con sus padres y que constituyen uno de los pilares del sistema de la Mediación Familiar en Canarias. Con la puesta en marcha de este servicio en La Palma son varias las familias que podrían cumplir el régimen de visitas de uno de los progenitores, garantizando la seguridad y el bienestar de los menores y favoreciendo un ambiente de normalidad. Con el servicio, los padres pueden cumplir sus responsabilidades y se les provee de herramientas para mejorar la relación familiar evitando conflictos gracias a la supervisión profesional.
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