En Comisiones Obreras celebran, sin tirar cohetes, que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2017 sean expansivos. “Eso es una buena noticia”, reconoce el secretario general en Canarias. “Van en la dirección correcta; lo que pasa es que, en nuestra opinión, son claramente insuficientes, porque habría un margen de actuación mayor si en lugar de seguir obsesionados en el gasto estuviésemos dispuestos a mirar los ingresos”.
Carmelo Jorge lamenta que el Gobierno regional renuncie a elevar el techo de ingresos. De sus cálculos salen al menos 150 millones de euros más con este proyecto si se hacen “algunas modificaciones” en el trámite de enmiendas parciales. A ello suma los aproximadamente 40 millones de euros que aportaría el impuesto de sucesiones, “si se aplicase de manera progresiva”.
El total de los ingresos previstos por la Consejería de Hacienda asciende a 7.300.598.188 euros, de los que 912.905.668 son financieros. En la recaudación tributaria, las entradas por los impuestos directos disminuyen un 1,6%: un retroceso de 21.070.484 en relación a 2016. Mientras, los indirectos generarán un incremento del 8,6%: 1.541.499.132, un aumento de 122.238.683 sobre lo pronosticado para este ejercicio.
“Eso significa que nos encontramos con un sistema fiscal manifiestamente injusto”, sentencia Jorge. “No tiene mucha explicación que los tramos más altos de IRPF estén por debajo del resto de España; tampoco, que sigamos financiando prácticamente el 100% de impuesto de sucesiones y donaciones y no se entiende que a los sectores que económicamente están mejor en la economía de Canarias no se les pida un esfuerzo para repartir esa riqueza que se está creando básicamente en la hostelería y el turismo”.
No obstante, la percepción del sindicalista de CC. OO. es que se va a ingresar más por el IGIC de lo que se anticipa. “La actividad económica nos marcará la pauta”, arguye Carmelo Jorge. Aunque se ha vuelto a descartar la tasa turística, tal como el PSOE y CC dejaron por escrito en el pacto que formaron tras las elecciones de mayo de 2015, las organizaciones sindicales insisten en reclamarla. “Es verdad que habría que elaborar una ley específica, pero en los presupuestos se podría tomar en consideración si hay voluntad. Bastaría con reservar un dinero y detallar a qué se dedicaría. Como no se va a hacer, estamos esquivando entre 100 y 110 millones de euros con una tasa muy simbólica, de un euro o uno y medio”.
A propósito del millón y medio de euros para la concertación social, Jorge lo acepta con agrado. Sin embargo, supone que esa partida también va destinada a la participación institucional.
En la PCI, “no importa tanto el dinero como su uso racional”
Las centrales sindicales CC.OO. y UGT habían propuesto al Ejecutivo autonómico que incorporase a los presupuestos 60 millones de euros para la protección social, incluida una renta mínima que cubriese las necesidades de las familias sin ningún tipo de ingresos. Aunque no ven plasmada esa idea, Carmelo Jorge observa “un incremento significativo en la Prestación Canaria de Inserción. “Faltarían ocho millones, pero lo que importa realmente es que el dinero se use con racionalidad”, resalta.
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