El gran desencuentro entre el PSOE y CC para salvar su pacto de gobernabilidad en Canarias reside en tres municipios: Granadilla, Puerto de la Cruz y Arico. Aunque ambos partidos han aparentado haber sellado ya las paces, con la firma de una adenda al acuerdo que suscribieron en junio de 2015, la realidad es que en las nuevas condiciones figura un plazo de 20 días, que acaba el 27 de este mes, para que en los ayuntamientos portuense y ariquero el poder cambie de manos, y gobiernen los socialistas con el apoyo de CC, pues fueron los más votados. Lo ha dejado claro en declaraciones a este diario el secretario de Organización del PSOE canario, Julio Cruz: “La moción de censura en Puerto de la Cruz y la dimisión de la alcaldesa de Arico tienen que estar presentadas antes de la fecha fijada; esperemos que no se incumpla lo pactado”.
En Granadilla, donde ahora gobierna CC tras quitar el bastón de mando al PSOE con ayuda del PP y Ciudadanos, los siete ediles nacionalistas podrían eludir la expulsión si dimitieran de sus cargos y se formara un nuevo gobierno, algo que no va a ocurrir.
Son 12 los concejales que hacen pender el pacto regional de su situación personal. En el Puerto de la Cruz, se trata, en concreto, de cuatro: Sandra Rodríguez (lleva Gestión Económica y Sociocultural y Nuevas Tecnologías), Juan Carlos Marrero (Urbanismo y Medio Ambiente), Diana Mora (Educación, Igualdad y Participación) y Ruymán García (Fiestas, Juventud y Museos), todos ellos en el actual Gobierno local que preside Lope Afonso, del PP.

En Arico, es la alcaldesa Elena Fumero, única concejal de CC, la que tendría que dimitir para que gobernara la socialista Olivia Delgado. La regidora municipal sigue de baja médica por estrés desde hace casi dos semanas y hasta el día 21. “LLevaba dos años sin un día libre”, señaló. Su indisposición ha impedido, por el momento, la convocatoria del Comité Local, el órgano que, según manifestó la regidora, decidirá su futuro. “Haré lo que el comité acuerde”, insistió por activa y por pasiva, y desde fuentes del Comité Local se advirtió de que en Arico “los nacionalistas están unidos”.

En Granadilla, son siete los concejales de CC, todos también incorporados al Gobierno municipal tras la moción de censura en septiembre. A su cabeza, el actual alcalde, José Domingo Regalado; le siguen María de la O Gaspar (lleva el área Social), María Candelaria Rodríguez (Régimen Interno, Turismo, Consumo, Transportes y Nuevas Tecnologías), Concepción Cabrera (Urbanismo), Eudita Mendoza Navarro (Juventud, Fiestas y Cultura), Jacobo Iván Pérez (Economía, Seguridad, Emergencias y Accesibilidad) y Ramón Fredi Oramas (Consumo, Transportes, Nuevas Tecnologías).
Lo cierto es que los concejales no están por la labor de aceptar las directrices de la dirección regional de CC, una insubordinación que está tratando de revertir el alcalde orotavense, y dirigente insular de Coalición, Francisco Linares, que está llevando a cabo su labor con total discreción, sin hacer declaraciones públicas. Fuentes insulares de CC recuerdan que en su día plantearon al PSOE, durante la negociación del pacto en cascada, que en Granadilla el hasta hace mes y medio alcalde, Jaime González Cejas, se hiciera a un lado, ya que él mismo había anunciado que se iría por su imputación en una causa penal, y dado que lo único que restaba para la fijación de juicio oral era resolver un recurso que tenía muy pocos visos de prosperar. Lo mismo plantearon con el primer teniente de alcalde, Nicolás Jorge. Eso, a juicio de los nacionalistas, hubiera allanado el camino para un pacto con CC en ese municipio sureño. Pero no fue así, y la moción de censura de finales de septiembre pasado, en la que CC y PP desalojaron del poder por esta vía a González Cejas, no hizo sino detonar un enfrentamiento entre ambos partidos a escala regional.
No debe pasarse por alto, además, lo que significa para el PSOE Granadilla y, en concreto, para la actual vicepresidenta del Gobierno canario y consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Patricia Hernández. Allí tuvo uno de sus principales semilleros de votos durante las primarias que la auparon como candidata a la presidencia del Ejecutivo en las pasadas elecciones, y además Nicolás Jorge fue su mano derecha durante la campaña electoral. En todo caso, una expulsión lleva un camino reglado por ley y por los estatutos (ver páginas 6 y 7 de la edición de hoy). De ahí que fuentes del grupo municipal de CC indicaron hace unos días a este periódico que “los nacionalistas granadilleros, en particular, y sureños, en general, estamos a la espera de que el procedimiento cuente con toda la rigurosidad y precisión que un expediente de tal calibre se merece”, y que están recibiendo “múltiples muestras de apoyo” de sus compañeros de partido en toda la comarca de Chasna.
No faltan dirigentes de CC, a todos los niveles, insular, regional y local, que admiten en privado lo duro e injusto que puede suponer la expulsión de compañeros de partido que, en el caso de Granadilla, habían centrado su labor de oposición en la gestión de González Cejas, que consideraban mala para el municipio, además de estar encausado judicialmente, por lo que era prácticamente imposible obligarles a pactar con él si no se hacía a un lado. Igual razonamiento hace para el Puerto de la Cruz en cuanto a factores propios de la política local.
Otro de los compromisos contraídos tiene que ver con garantizar la adecuada dotación económica de las consejerías que lleva el PSOE en el Gobierno regional. Así, el tenor del acuerdo dice que habrá “una presupuestación preferente de las áreas que prestan los servicios públicos fundamentales, tales como sanidad, educación y servicios sociales, regla esta que se seguirá también para el supuesto de que se incrementen los recursos de la Comunidad en los siguientes ejercicios presupuestarios”.
Julio Cruz (PSOE): “La censura y la dimisión tienen que estar presentadas en la fecha fijada, sí o sí”
El secretario de Organización del PSOE canario, Julio Cruz, ha dejado meridianamente claro cuál es el grado de exigencia de su partido en las condiciones puestas a CC para reconducir el pacto de gobernabilidad en Canarias. En declaraciones a este periódico, Cruz aclara, taxativo, que “antes de que se acabe el plazo de 20 días fijado en el acuerdo, tienen que estar las mociones de censura y la dimisión presentadas”.
Alude así Cruz a la censura que, antes del día 27 de este mes, deberían presentar CC y PSOE en el Puerto de la Cruz, así como a la renuncia de la nacionalista Elena Fumero en Arico. Preguntado acerca de qué pasará si CC incumple lo acordado, Cruz no quiso adelantar acontecimientos, pues indicó que espera que su socio de gobierno “cumpla”, pero, en todo caso, indicó que si no fuera así habría que adoptar nuevas decisiones, porque supondría “un incumplimiento” de un acuerdo con el que se pretendía salvar la alianza regional entre ambos partidos.
Por ello, el dirigente socialista enfatiza que esas cláusulas del ámbito local “son una condición importante y se tienen que cumplir sí o sí”, recalcó Julio Cruz.




