Un millón de euros ejecutados antes del primer trimestre del próximo año 2017. Es el objetivo del Estado, según explicó el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, en el transcurso de la visita que realizó en compañía del director insular de la Administración General del Estado en La Palma, Miguel Ángel Morcuende, a las zonas donde se actúa para evitar mayores daños medioambientales tras el devastador incendio de agosto pasado.
“El Gobierno no solo apoyó cuando se produjo el incendio, sino en la fase posterior. Estamos hablando de la solución de problemas que tiene que ver con la degradación del terreno por las lluvias de invierno”, indicó Hernández, quien detalló que la restauración de los terrenos la está llevando a cabo la empresa pública Tragsa en un punto especialmente sensible, entre los barrancos de Los Cubos y Tacande para evitar que las escorrentías, caso de producirse fuertes lluvias, puedan llegar a núcleos de población como Puerto Naos – uno de los principales núcleos turísticos de la Isla- y El Remo, donde residen más de 200 familias.
Los técnicos de Tragsa, tras determinar el previsible recorrido de las escorrentías en caso de afrontar un invierno lluvioso, desarrollan estos trabajos con los que lograrán la regeneración y contención del terreno, una de las actuaciones fundamentales para paliar los efectos “secundarios” del incendio que durante once días, en agosto pasado, afectó a los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente y Mazo y que calcinó 4.854 hectáreas de zonas protegidas y medianías.
Sin objeciones al referéndum
Hernández Bento no cree, inicialmente y con los datos que maneja, que se produzcan objeciones a la celebración de la consulta popular solicitada por el consistorio de Fuencaliente al Estado. La legitimidad inicial de la consulta no tendrá sombra de duda siempre y cuando cumpla con los condicionantes que recoge la Ley de 1985 de Bases de Régimen Local.
Así, el delegado del Gobierno en Canarias, explicó que podrá celebrarse “si está dentro de la competencia municipal”. Bento detalló que este es una asunto que estará en manos de la vicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaría, que en el nuevo ejecutivo nombrado por Mariano Rajoy está al frente del Ministerio de Presidencia, una tarea en la que tendrá además competencias para las administraciones territoriales.
La consulta ciudadana que plantea el Ayuntamiento de Fuencaliente se celebrará solo si el consistorio puede demostrar que no excede de las competencias municipales, algo bastante complejo según han señalado ya distintas fuentes jurídicas, dado que en 2008 el Ayuntamiento cedió al Cabildo palmero la propiedad de la galería del manantial con el visto bueno del entonces alcalde, el nacionalista Gregorio Alonso.
El Gobierno central deberá evaluar en los próximos meses y en el marco de desarrollo del expediente, si las preguntas de este referéndum y su motivación se ciñen o no a los requisitos exigidos y su autorización la otorgaría, en su caso, el Consejo de Ministros. Las preguntas planteadas proponen señalar con un “sí” o un “no” la posición vecinal sobre el proyecto de uso y explotación de las aguas de Fuente Santa redactado por Soler y su equipo; “sí” o “no” al proyecto de Piedra de Fuego ganador del concurso convocado por el Cabildo, además de preguntar sobre si el modelo de gestión debe ser público y municipal.
Dinero estatal sí, pero la preferencia en inversión la decide Canarias
El delegado del Gobierno en Canarias no cree que la respuesta inversora para las carreteras de La Palma esté tanto en el marco de un convenio que “se sustentará” y por el que “hemos apostado” sino en un “orden a la hora de determinar cuáles son las infraestructuras prioritarias en Canarias”. “Esa decisión no corresponde al Estado sino el Gobierno de Canarias”. Hernández Bento subraya, en esa línea, que “es importante saber con qué dinero se cuenta, pero también es importante saber cómo se ejecuta” n
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