El grupo popular del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha exigido la “inmediata” dimisión del alcalde, Sergio Matos, y la puesta en conocimiento de la Fiscalía de las irregularidades que se han detectado tanto en el seno de la comisión de investigación sobre la “presunta desaparición” de multas, como en otros trabajos desarrollados fuera de la misma.
El portavoz del PP, Juan José Cabrera, anunció además en una rueda de prensa celebrada en la tarde de ayer, la decisión de su grupo de abandonar la comisión de investigación dado que las irregularidades halladas pueden ser constitutiva de delito y exceden sus competencias, a lo que añade que carece de “autoridad moral” e “imparcialidad” para valorar los hechos. Cabrera lanzó también un ultimátum y advirtió de que si no trasladan el caso a la Fiscalía, será su grupo político quien lo haga.
Juan José Cabrera indicó que con la solicitud de dimisión del alcalde no están resposabilizándolo de los hechos, sino que viene motivado por la “pasividad” que, a su juicio, ha mostrado a la hora de investigar unos hechos de los que empezaron a tener constancia el pasado mes de abril. “No se ha hecho absolutamente nada”, aseguró el portavoz del grupo de la oposición.
El exalcalde popular señala que fue una investigación suya, en el receso de la última sesión de la comisión de investigación, cuando averiguó que en el período que va de 2011 a 2014, un total de 172 expedientes sancionadores que están cerrados con el epígrafe de envidados a la Alcaldía y no devueltos. Un hecho que corroboró la funcionaria encargada de la tramitación de las multas.
El portavoz popular recordó que esa etapa coincidió con el pacto que mantuvo con el PSOE y reconoció que media docena de esas multas correspondían a su mandato. En este sentido, explicó que todas ellas tenían que ver con un conflicto que mantuvo con la Policía Local al tomar posesión como alcalde por las tarjetas que autorizan a determinados cargos públicos a aparcar en zonas habilitadas para ello. Un asunto que se resolvió con un decreto que firmó actualizando su validez. De hecho, indica que dos de estas multas eran de sus propios vehículos, que recurrió por el procedimiento ordinario.
Cabrera señala que se trata de denuncias desaparecidas en distintas remesas, lo que le lleva a señalar que “nos nos cabe duda de que ha habido algún tipo de voluntariedad a la hora de hacerlas desaparecer”. Además indicó que no tienen “miedo” a que el período de investigación sobre este fenómeno se amplíe en el tiempo. “Al PP no le preocupa que se investigue al máximo”, añadió.
El concejal capitalino hizo un repaso de las secuencias de este caso, que remontó al año 2011, cuando entraron PP y PSOE al Gobierno municipal y detectaron irregularidades en la tramitación de expedientes de multas, que achacaron a la baja de la funcionaria. Como consecuencia de ello, estableció unas instrucciones de servicio para dar transparencia a este proceso.
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