El exalcalde de Icod de los Vinos Juan José Dorta y ocho ediles de su gobierno durante el mandato 2003-2007, se declararon ayer culpables de un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el cual la justicia los condenó a un año de prisión; doce de inhabilitación para el ejercicio de cargo público; y el correspondiente pago de costas, pendientes de determinar.
Dorta y sus compañeros estaban citado ayer en el Juzgado Número 5 de La Laguna, el mismo en el que fueron a declarar este año sus homólogos en La Orotava, Isaac Valencia, y Candelaria José Gumersindo García, por el caso El Trompo y las obras en el campo de fútbol de Barranco Hondo, respectivamente.
El procedimiento judicial se inició en 2004 cuando Dorta y su equipo de gobierno fueron denunciados por dos funcionarios del Ayuntamiento, por la concesión de licencias, la adjudicación de obras y la contratación ‘a dedo’ de personal con informes técnicos desfavorables. Una denuncia que la Fiscalía hizo suya dos años después con la acusación particular.
En 2012 el caso se convirtió en procedimiento abreviado y se puso fecha de juicio para marzo de 2017, por eso ayer los acusados llegaron a un acuerdo extrajudicial de conformidad con la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para evitar el juicio oral.
La misma condena que el dirigente socialista recibieron los exconcejales Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz, Bernardo Martín Socas, Jesús Manuel Rolo Rodríguez, Luciano López Estévez, José Alberto Ruiz Guzmán y Maximino Fuentes. Este último, además, fue acusado de un delito contra la ordenación del territorio, con lo cual se le añaden cuatro meses más de prisión e inhabilitación; una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios; y se le condena a demoler a su cargo y a su costa la edificación de dos plantas de unos 150 metros cuadrados construidas en los terrenos del vecino José Rodríguez Delgado, en el Camino Los Canarios, en el barrio de Santa Bárbara.
También es diferente la pena para la exedil Carmen Casilda Hernández Martín quien solo ha sido condenada a doce años de inhabilitación.
La sentencia, dictada in voce, ayer mismo, suspende la condena de prisión debido a que los nueve acusados carecen de antecedentes penales y establece el pago de las costas cuyo importe está por determinar.
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