economía

26.000 edificios de viviendas en las Islas tendrán que revisar su sistema eléctrico

El Gobierno de Canarias inicia la inspección de la red común de cableado de todos los inmuebles que posean más de 10 años y con una potencia total instalada de más de 100 kilowatios

La medida afecta a aproximadamente 26.000 edificaciones. DA

Cerca de 26.000 edificios de viviendas de Canarias tendrán que revisar las instalaciones eléctricas comunes en cumplimiento de la nueva normativa sobre seguridad eléctrica publicada por el Gobierno en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado mes de noviembre. El decreto afecta especialmente a aquellas viviendas de más de 10 años y que tengan una potencia total instalada de más de 100 kilowatios. El objetivo de esta medida, amparada en el real decreto 2413/ 1973, es impulsar y concienciar sobre la cultura de la seguridad eléctrica, así como evitar posibles accidentes por la vieja y obsoleta red eléctrica.

El director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Erasmo García, explicó que desde el Ejecutivo regional ya se ha puesto en marcha un plan de actuación basado en cinco ejes. En primer lugar, una campaña informativa y de divulgación que conciencie a las comunidades de propietarios y a los ciudadanos de la necesidad de tener el sistema eléctrico en buen estado. En segundo lugar, poner en marcha unos cursos de formación para los profesionales e inspectores, con el fin de que sepan exactamente qué es lo que van a revisar. En tercer lugar, comprobar el alcance de las inspecciones. En cuarto lugar, abrir varias líneas de colaboración con otras Administraciones, como los cabildos o la Federación Canaria de Municipios; y, por último, impulsar acuerdos con varias entidades financieras para facilitar ayudas a aquellas comunidades de propietarios que tengan dificultad para afrontar la revisión.

En este último punto, García aclaró que son los titulares de las instalaciones, o en su caso, las comunidades de propietarios, “los responsables” del correcto mantenimiento de las mismas, debiendo requerir la actuación de las empresas instaladoras autorizadas cuando sea necesaria la reforma o modificación de la red. No obstante, recordó que dependiendo de los años y de cómo se encuentre la red común o los cuadros eléctricos, el desembolso económico que tendrá que afrontar la comunidad de propietarios no será muy elevado, sobre todo porque hay que tener en cuenta que se trata de “salvaguardar la seguridad del edificio y de todas las personas que viven en él, evitando además las posibles responsabilidades penales y de otra índole vinculadas a un accidente, así como garantizar la cobertura de los seguros en caso de que ocurra algún siniestro”.

Aun así, la Dirección General aconseja recurrir siempre a empresas instaladoras autorizadas, que son las que hacen las inspecciones de manera legal y efectiva, evitando de esta forma “abusos” en los precios.
Por ello, la Dirección General explica que los servicios comunes que deben ser objeto de inspección periódica comprenden las instalaciones de enlace, es decir, aquellas que unen la caja o cajas generales de protección, incluidas estas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario, también incluidas. También serán objeto de revisión las instalaciones correspondientes a los servicios generales del edificio (alimentación eléctrica de ascensores aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión y alumbrados). Por último, el resto de posibles instalaciones comunes asociadas a los edificios de viviendas, como piscinas, garajes o alumbrado exterior. En el caso de que estas últimas estén obligadas a realizar la inspección periódica específica cada cinco años de acuerdo con su tipicidad, se procurará hacerla coincidir con la inspección decenal de las instalaciones comunes.

Erasmo García insistió en que con esta norma se trata de mantener la seguridad de los edificios y de las personas que viven en él.

las recomendaciones

El Gobierno de Canarias ha elaborado ya el protocolo de actuación para inspeccionar todas aquellas viviendas de más de 10 años y cuya potencia total instalada sea superior a los 100 kilowatios. En total, el Ejecutivo calcula que se verán afectados por esta revisión cerca de 26.000 edificios de viviendas en todo el Archipiélago.

Solicitud: Solicitar la inspección a un organismo de control de la Administración. Así la comunidad tendrá un acta con los defectos que se han de corregir. Estas deficiencias deben ser reparadas en el plazo fijado y siempre por una empresa que esté acreditada ante la Dirección General.

Sanciones: Cuando las anomalías estén reparadas, se elaborará un certificado que deberá custodiar la comunidad. En caso contrario, habrá sanción.