En Fuencaliente no se habla de otra cosa. Nadie quiere allí la planta de asfalto y a quien quiera oírlo, cualquier vecino recuerda que ya el Ayuntamiento del municipio sureño, siendo alcalde el nacionalista Gregorio Alonso, organizó la recogida de firmas para cerrar la actual instalación, la única planta de aglomerado que opera en un territorio insular que llegó a tener hasta tres instalaciones de este tipo en otros tantos municipios hasta el año 2000, y que a día de hoy se enfrenta una problema de calado para la economía insular. De momento está en juego, no solo la ejecución de la millonaria inversión de la carretera del sur, con nueve millones de euros para el 2017, sino un conjunto de pequeñas y grandes obras, algunas municipales y otras insulares, para la repavimentación y mejora de vías y con una materia prima cuya producción está en juego: el contaminante pero imprescindible asfalto.
El grupo municipal de Gobierno, en minoría, liderado por el socialista Luis Torres, y apoyado por los tres concejales de la Unión Progresista de Fuencaliente (UPF), mantiene silencio públicamente, aunque en el cara a cara con los vecinos muestra su negativa a seguir soportando la planta de asfalto y mucho menos la aplicación impuesta por el Cabildo y el Gobierno de Canarias del artículo 47 para la clasificación de un suelo apto para industrias pesadas en Las Caletas, donde lleva 30 años operando la única planta de asfalto de la Isla.
Coalición Canaria y Gregorio Alonso, hoy en la oposición y cada día con menos esperanzas de hacerse con el gobierno municipal por la debilitada coyuntura del pacto regional, lo han dejado claro: “Nuestro municipio ya ha cumplido solidariamente con el resto de municipios, con la Isla en su conjunto y con el interés general de todos en esta problemática albergando actualmente una planta de aglomerado asfáltico que suministra toda la producción de la Isla y que lleva asentada en nuestro municipio casi 30 años.
Nadie quiere la planta de asfalto y sin embargo, tendrá que tener una ubicación, no solo para que siga operando la actual (si logra rebasar los problemas que mantienen desde 2014 una orden de precinto que nadie se ha atrevido a colocar y que suscitó un arduo debate entre la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano e Industria), sino para contar con un suelo apto para actividades clasificadas que permita terminar con el monopolio que somete a las arcas públicas a pagar más del doble de lo que se paga en islas capitalinas.
El Partido Popular en el Cabildo entiende y comparte la petición de la aplicación del artículo 47 anunciado por el presidente Anselmo Pestana, para lograr que el planeamiento local permita un suelo industrial pero estima que el Cabildo aún no se ha pronunciado con claridad sobre el lugar específico dónde iría y recuerda que se debe contar con la opinión del Ayuntamiento, aunque eso sí, esa opinión no sea vinculante. Aunque la aplicación de este artículo es la más rápida para conseguir la creación y legalización del suelo de industrias clasificadas, con un trámite mínimo de seis meses, el Cabildo tendrá que enfrentarse a la oposición de Fuencaliente, especialmente a los vecinos del barrio de Las Caletas y su escuela infantil. Coalición Canaria en Fuencaliente, que se ha pronunciado frente al silencio del grupo de Gobierno, dice que “Fuecanliente ya ha cumplido solidariamente con el resto de municipios, con la Isla en su conjunto” después de 30 años albergando la planta de asfalto, que en marzo de este mismo año recibió por segunda vez en tres años la orden de precinto.
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