La asociación Tierra Bonita solicita la apertura de una investigación sobre la gestión sanitaria de la última erupción volcánica en La Palma con el objetivo de determinar si las medidas adoptadas por las autoridades competentes fueron adecuadas y suficientes para prevenir o reducir los daños sobre la salud de la población.
La asociación toma como referencia, entre otros trabajos, el proyecto ASHES (Analysis of Exposure and Respiratory Health Effects of Volcanic Eruption in the Canary Islands), promovido por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), cuyos resultados provisionales han sido dados a conocer por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Entre sus principales conclusiones, el estudio asocia una mayor exposición a la erupción con hasta tres veces más probabilidades de presentar tos y con el doble de alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar en la población más expuesta.
A estos resultados se suma el estudio ISVOLCAN, publicado en la revista científica ‘Environmental Health’, que analizó inicialmente una cohorte de 1.002 participantes, incluyendo población general y personas que intervinieron durante la emergencia.
Este trabajo encontró entre los residentes de la zona occidental de La Palma una mayor probabilidad de síntomas de las vías respiratorias inferiores, ansiedad o depresión e insomnio.
El proyecto estudia asimismo los efectos de la exposición a las cenizas y otros materiales emitidos durante la erupción, recoge una nota de la asociación.
Para Tierra Bonita estos resultados aportan elementos científicos que justifican investigar si las administraciones competentes evaluaron y vigilaron adecuadamente los riesgos sanitarios derivados de la exposición a gases, cenizas y partículas, y si adoptaron todas las medidas de prevención y protección razonablemente exigibles de acuerdo con la información disponible en aquel momento.
AUMENTO DE MORTALIDAD
La asociación recuerda asimismo que en 2022 las alergólogas del Hospital General de La Palma Zulay Almeida y Paula Jiménez manifestaron públicamente que, a su juicio, se debió confinar durante más tiempo a la población en episodios de calidad del aire extremadamente desfavorable y también advirtieron de las limitaciones de las mascarillas FFP2 frente a los gases volcánicos.
Durante la emergencia, las autoridades recomendaron este tipo de mascarillas fundamentalmente como protección frente a la inhalación de cenizas y partículas.
Además, en unas jornadas técnicas abiertas al público en años posteriores, científicos que vigilaban la calidad del aire con estaciones móviles en el Valle de Aridane reconocieron que las partículas más pequeñas podían incluso llegar a sortear los filtros de las mascarillas.
Tierra Bonita considera que también debe analizarse el incremento de mortalidad registrado en La Palma durante los meses de la erupción.
Así, expone que un análisis realizado por el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid Rafael Cascón a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) situó ese aumento entre septiembre y diciembre de 2021 en torno al 40% respecto a la media del periodo utilizado como referencia, frente a aproximadamente un 15% en el conjunto de Canarias.
La asociación subraya que esta coincidencia temporal no demuestra por sí sola que exista una relación causal con la contaminación volcánica, pero considera que constituye un “dato suficientemente relevante” como para ser estudiado epidemiológicamente, puesto que fueron justo los meses de la erupción.
CUATRO ASPECTOS CLAVES QUE INVESTIGAR
Tierra Bonita considera necesario esclarecer cuatro cuestiones fundamentales como “qué se sabía” desde el punto de vista científico, qué información recibió realmente la población sobre los riesgos de la exposición; qué actuaciones de prevención y protección se llevaron a cabo para residentes, trabajadores, agricultores, personal de emergencias, voluntarios y personas encargadas de retirar cenizas y qué consecuencias sanitarias hubo.
Para esclarecer estas cuestiones, Tierra Bonita considera necesario recopilar y analizar sistemáticamente la documentación generada durante la emergencia.
Entre otros materiales reclama el estudio de las actas y documentos del comité científico y del comité director del Pevolca; los informes y series completas sobre calidad del aire y concentraciones de PM10, PM2,5 y SO2; los modelos de dispersión atmosférica; los mapas de deposición y resuspensión de cenizas; los informes de Salud Pública; los protocolos de vigilancia epidemiológica; las recomendaciones dirigidas a la población; la documentación relativa a la protección de trabajadores y voluntarios; los análisis sobre composición y toxicidad de las cenizas; las comunicaciones entre las distintas administraciones, y los criterios utilizados para autorizar accesos y retornos a las zonas afectadas.
Tierra Bonita considera que una investigación independiente permitiría determinar si existieron deficiencias en la prevención, vigilancia, información o protección sanitaria durante la emergencia y, en su caso, evaluar las consecuencias jurídicas que pudieran corresponder.
Pero, por encima de ello, sostiene que serviría para que las administraciones públicas puedan “aprender de los aciertos y de los posibles errores” cometidos durante la gestión sanitaria de la erupción del Cumbre Vieja y mejorar los protocolos ante futuras emergencias volcánicas.
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