José Luis Rodríguez, abogado defensor del que fuera interventor de la Gerencia de Urbanismo José Luis Roca, sostuvo ayer durante el juicio penal por el caso Las Teresitas que la fiscal busca condenar a Miguel Zerolo, y que el resto de acusados son “el sustento necesario para conseguirlo”, para a continuación manifestar que, a su juicio, la acusación no ha conseguido acreditar ni la existencia de una concertación ni que hubo reparto de dinero. En la sesión celebrada ayer también expusieron sus argumentos los abogados de los empresarios, que coincidieron en resaltar las malas relaciones que tanto Ignacio González como Antonio Plasencia tuvieron con los representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuando negociaban la venta de los terrenos del frente de playa, una operación que posteriormente anuló el Tribunal Supremo y que es clave en este proceso ya que el Ministerio Público considera que se pagó un sobreprecio injustificado por dichas parcelas.
Por lo que respecta a la defensa de Roca, Gutiérrez resaltó que se trata del único funcionario imputado que no participó en el expediente de compraventa, y que tampoco adoptó ninguna resolución ni decisión, lo que a su juicio descarta que pudiera ser autor de un delito de prevaricación, como sostiene la Fiscalía y la acción popular que ejerce IU.
El letrado insistió en que a su juicio no hay pruebas que justifiquen la inclusión de Roca en este proceso, y que fuera la persona que materializó el primer pago a los empresarios con un cheque de 5.780 millones de pesetas llevado a la notaría el mismo día en que se firmaba la escritura de la compraventa no puede considerarse como delictivo, a tal punto que “lo podría haber llevado el bedel”.
En cuanto a los letrados que representan a los empresarios, el de Ignacio González (Jesús María Silva) llegó a decir que éste se refería al también encartado y exconcejal de urbanismo de la capital tinerfeña, Manuel Parejo, como “un enano cabroncete”. Silva no dudó en explicar que tanto como González como Plasencia “aborrecían” a los representantes consistoriales, “tipos deleznables” con quienes “negociaron a cara de perro” un precio de venta que se considera el triple de lo debido en varios informes periciales, incluido uno realizado por la exarquitecta municipal Pía Oramas. Por su parte, Jordi Pina, abogado de Antonio Plasencia, aseguró que ni un solo elemento de la conducta de su defendido merece reproche penal y aseguró que este juicio debería haberse desarrollado en el ámbito contencioso-administrativo, un argumento que comparte con la mayoría de los letrados defensores de este proceso, en el que se mantiene a once personas acusadas (entre las que se encuentra el exalcalde santacrucero Miguel Zerolo) después de que se retiraran los cargos a dos más durante esta vísta oral.
Para Pina no hay en los escritos de acusación una explicación sobre cuándo, cómo o dónde Antonio Plasencia pudo ser inductor de un delito de malversación de fondos públicos, ni que fuera cooperador necesario para que se cometiese. Cabe recordar que se les acusa no como autores de tal delito, sino en condición de presuntos inductores o cooperadores necesarios del mismo. “No hay ninguna línea de participación criminal ni hechos merecedores de calificación penal”, en todo caso puede haber reproches morales, pero eso no es lo que se juzga, sostuvo el letrado.
Jordi Pina consideró que la Fiscalía “salió de caza” y ahora no puede “volver con las manos vacías”, pero de hecho “el juicio murió el día que se archivó la acusación de cohecho”, que fue retirada por las partes ante la dificultad de demostrarlo. Es posible que el Ayuntamiento no hiciera todas las cosas bien, admitió el letrado de Plasencia, pero “si no hay detrás dinero ni en Suiza ni en Panamá” el enjuiciamiento se queda en el ámbito del derecho administrativo, aseguró.
También intervino ayer Jesús María Silva, abogado de Ignacio González, que incidió igualmente en esas malas relaciones durante la negociación como dato para ilustrar que, tal y como sostiene, no había ninguna trama ni acuerdo, sino que los intereses de los empresarios y los del municipio eran divergentes. En la misma línea que su compañero en la zona reservada a las defensas, Silva consideró que este caso es “un galimatías jurídico extrapenal” circunscrito en todo caso al ámbito del derecho administrativo, en el que “hay una orfandad probatoria evidente” por parte de las acusaciones, agregó. En la valoración de los terrenos no se debe tener en cuenta sólo un criterio contable, porque hay que incorporar además su valor estratégico, su valor político y el valor de oportunidad, afirmó Silva, por lo que se puede decir que el Ayuntamiento hizo un buen negocio al comprar porque dejó la playa libre y para siempre libre de edificaciones, algo que siempre ha defendido el propio Zerolo, entre otros acusados. “No ha quedado acreditada la malversación, no hay pruebas de que hubiera perjuicio para los servicios públicos y se ha sobreseído la causa por cohecho”, indicó el letrado, y señaló que su defendido lo único que hizo fue “cumplir su rol” de empresario y vender por el máximo precio que pudo. Además, dijo que como han sido exonerados el exinterventor municipal y el exsecretario del Ayuntamiento, “no puede ser que los asesores estén paseando y los asesorados aquí”. “No hay nada tan increíble que la demagogia mezclada con los juicios paralelos no pueda convertir en aceptable”, dijo parafraseando a Cicerón.
Por último, apuntar que los abogados de Pedro González y Carlos Plasencia, hijos de los empresarios ya citados, reclamaron como los demás la absolución de sus defendidos, a los que la Fiscalía ya retiró los cargos, pero que siguen acusados por la acción popular.
Todo apunta a que hoy se celebrará la última sesión del juicio
Iniciada el pasado mes de septiembre, el juicio penal por el caso Las Teresitas puede quedar hoy visto para sentencia, en una sesión donde se dará la oportunidad a los once encartados en el mismo para que, si lo desean, manifiesten su última palabra sobre lo acaecido. Las dobles jornadas, claves para que la vista no llegase a 2017.
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