La prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración pública muestra unas características similares a las del sector privado, pero con sus peculiaridades. Al proceder a inspeccionar un centro de trabajo, por ejemplo, el funcionario ejerce simultáneamente de examinador y alumno. Suspender sería como tirar piedras sobre su propio tejado. La ley de 1995 es “un grano en el culo de la Administración”. Esta expresión resume las primeras jornadas sobre esta temática que ha celebrado, en el Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, la Coordinadora Interterritorial de Empleados Públicos (CIEP), de la que forma parte Sepca. Los expertos intercambiaron experiencias e ideas para mejorar las intervenciones de los representantes sindicales. “En la mayoría de las ocasiones se produce una inhibición o un alargamiento en los tiempos de inspección, porque las administraciones públicas tienden a evitar la redacción de actas negativas sobre sus propias instalaciones”, explicó a este periódico Domiciano Jiménez, del Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (Star).
Esa era una de las actividades programadas por la CIEP, una iniciativa que agrupa a una decena de organizaciones de empleados públicos de Canarias, Navarra, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Madrid, Asturias y Andalucía.
En su constitución les guió el espíritu de la cercanía, su “apego al terruño”, que es lo que les ha permitido “afianzar el contacto directo con los trabajadores”.
Presentes en las respectivas mesas generales de negociación, estos sindicatos se crearon como mucho hace unos treinta años.
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