El caso Carreteras se reactiva. Tras la contundente denuncia presentada el pasado mes de marzo por la Fiscalía Anticorrupción y después de más de medio año en busca de un perito especializado en el tema con la independencia suficiente para actuar por mandato judicial, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife comenzará en breve a tomar declaraciones sobre un asunto que afecta directamente al Área de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. Entre otras supuestas irregularidades, en dicha denuncia se sostiene que Traysesa, una empresa de Miguel Concepción, llegó a cobrar dos veces por la misma obra.
El plazo transcurrido para dar con el perito aludido, finalmente encontrado en Gran Canaria, es un indicio de lo complejo del caso, que arranca de los datos revelados por el exconsejero insular de Carreteras José Luis Delgado sobre operaciones llevadas a cabo en el Área de Carreteras durante el período comprendido entre 2007 y 2011. A raíz de lo expuesto por el ahora director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, la Intervención General del Cabildo realizó un informe al respecto que reforzó las sospechas sobre posibles irregularidades, lo que a su vez forzó al equipo de gobierno de la Corporación insular a trasladar tales datos a la Fiscalía en 2014.
Tras tener conocimiento del asunto, el Ministerio Público hizo suya buena parte de tal informe y lo plasmó en esa denuncia presentada a primeros de año, tras entender que se debe investigar la presunta comisión de delitos tales como prevaricación continuada, malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil. Sin que sea óbice para que se amplíe en el futuro a otros expedientes, por ahora la acusación pública se centra en seis gestiones concretas, tal y como informaron en su día los medios de comunicación insulares.
Así, la lupa judicial se posa sobre el Centro de Información de Carreteras y su mantenimiento, el traslado del Centro de Control de Túneles al Intercambiador de Guaguas y el santacrucero túnel de la avenida de Tres de Mayo, la conservación del túnel de El Guincho (en Garachico), el aseguramiento de la vialidad de la red de carreteras y la concesión de una licencia para la ejecución de una gasolinera.
Por ahora, la investigación apunta hacia el exjefe del servicio técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife Miguel Pintor Sepúlveda, y en ella se recogen indicios de un gasto supuestamente irregular de poco más de dos millones de euros pagados por el Cabildo y de los que se beneficiaron la ya citada empresa de Concepción, Traysesa, y dos más, Señalizaciones Villar e Indra Sistemas.
Pagaban los dos
En cuanto a los pagos a la firma del también presidente del CD Tenerife, se realizaron en relación con tareas de vigilancia y conservación de la TF-1, y la duplicidad habría tenido lugar al no suspender el Cabildo (tal y como exige la ley) su acuerdo con Traysesa para el mantenimiento y vigilancia del tramo comprendido desde el kilómetro 0 al 24 cuando el Gobierno de Canarias adjudicó en 2010 a dicha empresa la mejora y recuperación ambiental y paisajística del mismo. Siguen existiendo dudas sobre el montante total de esos pagos, ya que si bien el acuerdo entre la Corporación local y la firma de Concepción se elevaba a 414.479,02 euros, la denuncia incluye un correo electrónico cuyo contenido mueve a sospechar que la cifra en cuestión es, en realidad, de 703.905,15 euros.
La denuncia de la Fiscalía concluye al respecto que ese dinero, fue abonado, presuntamente de forma indebida, a Traysesa, “lo que evidencia una gestión al margen del contrato oficial”, al considerar que el Cabildo habría ingresado “cantidades indebidas en exceso, al parecer incluyendo en certificaciones de obra actuaciones no prestadas o que no deben ser abonadas”. Para Anticorrupción, ese modo de actuar provocó “una bolsa que se compensaba con obras tramitadas al margen del contrato y, por tanto, al margen de los controles y la fiscalización preceptiva de todos los gastos realizados por la Administración pública, incumpliendo también la prohibición de compensación, el llamado principio de presupuesto bruto”.
Información
Otra parte de lo que ahora se investiga llama especialmente la atención de los conocedores del caso a los que ha consultado este periódico. Se trata de un contrato relacionado con el mantenimiento de la Sala del Centro de Información de Carreteras, cuyo beneficiario fue la unión temporal de empresas conformada por Señalizaciones Villar e Indra. En un esquema similar al anterior, también se sospecha de un posible doble pago supuestamente indebido, ya que al parecer se abonaba por tal servicio mientras se ejecutaban las obras, circunstancia no autorizada legalmente. En este caso se maneja una cifra de 470.802,12 euros, que corresponden a los 10 meses en los que se habría producido tal irregularidad.
Dada la conflictividad social que hoy día genera la TF-5 por las continuas retenciones que se producen prácticamente a diario, es menester destacar que otro de los contratos a los que la Fiscalía alude en su denuncia está relacionado con varias obras de conservación y aseguramiento de viabilidad de dicha carretera. En este caso las dudas se deben a la forma de contratación, ya que no está claro si fue correcto adjudicar directamente estos trabajos a Señalizaciones Villar.
Cabe añadir que fuentes conocedoras del caso mostraron ayer su sorpresa al conocer que algunas de las firmas que ahora son investigadas siguen siendo contratadas por el propio Cabildo.
Una carencia de medios general en la administración de Justicia
Que una investigación como la de este caso se demore medio año en busca de un perito no es más que otra muestra de las dificultades que encuentra la Justicia para hacer su trabajo. A este respecto, cabe recordar que ni siquiera la Audiencia Nacional cuenta con peritos propios para investigar n
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