Esuropal insta al Cabildo a que no ponga trabas a la aplicación de la Ley de Islas Verdes

Los empresarios del suroeste reclaman al Parlamento "valentía" para sacar adelante la Ley del Suelo
Imagen de la playa de Puerto Naos

El Círculo de Empresarios del Suroeste de La Palma (Esuropal) pide a los grupos políticos en el Parlamento de Canarias “un claro” apoyo a la Ley del Suelo, “en defensa del desarrollo de la isla”. Al tiempo que reclaman de los “políticos y funcionarios” del Cabildo “una interpretación positiva de las leyes que permitan la puesta en marcha de proyectos que generen economía y empleo, con las suficientes garantías jurídicas”.

Desde Esuropal, señalan que observan “con preocupación la interpretación y la aplicación que en La Palma se está haciendo de la llamada Ley de Islas Verdes así como de la próxima tramitación en el Parlamento de Canarias de la Ley del Suelo”.

“Entendemos que desde la aprobación de la conocida como Ley de las Islas Verdes, ha transcurrido el suficiente tiempo como para que comience a hacer efecto en la actividad económica de la isla. No entendemos las trabas y la actual parálisis que en este momento se está produciendo en el Cabildo de La Palma a la hora de dar salida a proyectos al amparo de la nueva ley”.

De ahí que soliciten “una interpretación positiva del articulado de la nueva ley, que evite la retahíla de permanentes dificultades, que desde algunos departamentos eternizan proyectos necesarios para la isla”. “Creemos que es precisa una nueva dinámica que tiene que ser abordada por políticos y técnicos competentes, para una Administración dinámica y eficaz”.

De los grupos políticos en el Parlamento de Canarias, demandan “valentía y capacidad de consenso para sacar adelante la Ley del Suelo de Canarias”. “Para Esuropal no valen paños calientes o una ley descafeinada que dé satisfacción a los que nada le importa la situación socioeconómica de La Palma y queremos una ley que de verdad responda a los intereses de la isla y que de una vez se puede trabajar e invertir con las suficientes garantías jurídicas”.

Por esta razón demandan “la máxima celeridad en la tramitación de la ley, porque no es de recibo que la compleja maquinaria burocrática pueda dilatar durante mucho tiempo la solución a problemas que ya debería de estar resueltos hace más de veinte años”.

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