“Usted póngase a trabajar”. Así habría respondido el entonces alcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al ser informado sobre la presunta venta por internet de piezas robadas a vehículos retirados por el servicio de grúas municipal lagunero. Lo cuenta José Luis Ramos, entonces empleado de la concesionaria municipal (Autogrúas Poli), que poco después fue despedido.
Ramos asegura que la escueta conversación tuvo lugar en la calle tras un encuentro casual, ya que por aquel entonces no lograban que Clavijo les recibiera en el despacho oficial. Es más, estos trabajadores tuvieron que plantarse en la puerta de dicho despacho en 2013 para que al fin el alcalde se aviniera a una reunión: “Tampoco es que hablara mucho aquel día; en realidad, no dijo absolutamente nada mientras estuvimos allí”, recuerda Ramos. Al poco fue despedido.
Tal desafección de quien entonces era el principal responsable del Ayuntamiento de La Laguna no se corresponde con la gravedad de la situación que atravesaba este servicio de grúas por aquellos días. Aunque ya sería bastante la mera sospecha de que vehículos de los vecinos retirados por las grúas de la concesionaria municipal eran desmontados y sus piezas vendidas por internet, hay claros indicios sobre la ilegalidad de tal servicio en esa época. Por ejemplo, los trabajadores no cobraban en tiempo y forma, un requisito de la concesión.
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