El promotor inmobiliario José Manuel Magdaleno Hernández, condenado por estafa en 2012 por la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife y que fue indultado el pasado lunes por el Gobierno de España, sabía desde un primer momento que no iba a construir las viviendas a las que se comprometió.
Así se recoge en la decisión judicial aludida, que con fecha de 20 de febrero de 2012 y en relación a hechos que tuvieron lugar allá por 1999, recoge párrafos tan esclarecedores como cuando se da por probado que se produjo “una continuidad delictiva por cuanto el acusado, en ejecución de un plan preconcebido para defraudar a los compradores de vivienda a construir o en construcción, los cuales debían entregar diversas cantidades anticipadas y con cargo al precio final de aquélla, sin voluntad alguna de construir las viviendas objeto de las compraventas, disponía para sí de dichas cantidades de dinero que en virtud de cada contrato de compraventa debía percibir, llegando a a obtener por tal procedimiento sumas relevantes de dinero”. Para la Audiencia, “no cabe duda de que el acusado, conociendo la precaria situación financiera en la que se encontraban las empresas Archipiélago de Viviendas S. L. y Sistemas Constructivos Archipiélago S. L. para ejecutar varias promociones simultáneamente, careciendo en algunos casos de financiación específica para ello, celebró en el año 1999 diversas compraventas de viviendas de diferentes promociones al objeto de ingresar esas cantidades sin pretensión alguna de cumplir con lo pactado”.
Para que el indulto se lleve a efecto, el promotor entonces condenado a tres años y seis meses de prisión y a indemnizar a los afectados por tres promociones nunca llevadas a cabo con un total de 69.500 euros, tendrá que abonar ese dinero más otras cantidades no especificadas en concepto de “todos aquellos perjuicios causados a los perjudicados que se acrediten en ejecución de sentencia derivados de la inversión del dinero para la adquisición de vivienda familiar, así como todos aquellos arrendamientos y otros gastos generados”. Si así fuera, la pena se reduciría a dos años de cárcel (cuya ejecución quedaría en suspenso al tratarse de la primera condena) e incluso podría volver a trabajar en la promoción inmobiliaria. Resta añadir que fueron tres las promociones donde se probó la comisión de un delito continuado de estafa y que se localizan en Tacoronte y Valle de Guerra.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas