La patronal palmera vuelve a estar muy preocupada y sus motivos no son infundados. Tienen razones de peso para, explican fuentes autorizadas de entidades tan representativas como las dos federaciones de empresarios constituidas en La Palma, Fedepalma y Faep – presididas por Tomás Barreto y Martina González, respectivamente – estar inquietos dado que se vuelve a intentar frenar el desarrollo económico, a través del sector turístico, al que aspira La Palma y al que se le han puesto trabas desde hace más de 20 años.
Tomás Barreto explicó que “es incomprensible esta posición después de que haya habido un acuerdo y un consenso fundamentado en el Cabildo, primero, y en el Parlamento de Canarias después” y lamentó que “se sigan poniendo palos en la rueda al desarrollo de una isla como La Palma, que aspira legítimamente a mejorar su economía y a crear puestos de trabajo en el sector servicios”.
También ha expresado su perplejidad ante lo que definió como “un intento de proteccionismo desmedido para una isla que, frente a otras, no se ha desarrollado y que sigue perdiendo población ante la falta de alternativas”, el presidente del Centro Insular de Iniciativas Turísticas, Antonio Sosa, que recordó que “llevamos más de 25 años luchando contra este discurso y este recurso ante el Constitucional es el colmo: esto nos debería hacer reflexionar de una vez por todas y comprender a donde nos llevan algunos con sus votos”.
Se refiere Antonio Sosa al grupo parlamentario de Podemos en el Parlamento de Canarias y a los de esa misma formación política en otras regiones que, sumando 50 diputados, solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que continua en vigor y que el Cabildo palmero defiende como la herramienta para lograr la llegada de inversión a La Palma y la creación de nuevas plazas turísticas.
Las reacciones han llegado también desde el Centro de Iniciativas Turísticas Tedote, cuyo presidente y responsable de la Asociación para el Desarrollo Turístico de La Palma, Óscar León, recuerda la legitimidad de la Ley, su vigencia para lograr la llegada de inversión y la construcción de nuevas instalaciones hoteleras, mientras recuerda que la posición política que ha llevado a este recurso admitido a trámite es un mecanismo “fallido” con el que “solo se intenta mantener al territorio palmero y a sus habitantes anclados en el pasado, sin expectativas ni de trabajo, ni de futuro y sometidos a una posición incoherente en materia económica”.
El presidente de este sector de la patronal lamentó “este intento de dar un nuevo revés al futuro de esta Isla y para las nuevas generaciones. Se vuelve a intentar bloquear una salida, que al menos a medio plazo, podría significar la dinamización de esta economía debilitada que soportamos desde hace ya demasiados años y que nos sigue acarreando una progresiva perdida de población”. León se queja de la incapacidad demostrada en el pasado por las administraciones públicas palmeras y canarias para permitir el crecimiento de la economía insular.
Tras la admisión a trámite del recurso, los 12 magistrados del Tribunal Constitucional tendrán que decidir sobre si la Ley de Islas Verdes respeta los principios de constitucionalidad en materia de intervención en el territorio y la autonomía de las corporaciones locales frente a las “supremacía” que, argumenta el recurso de los 50 diputados de Podemos, tiene el Cabildo y en su defecto el Gobierno de Canarias sobre el uso de los suelos para el desarrollo de proyectos turísticos e infraestructuras complementarias. Los criticos con esta ley, que llegó al Parlamento de Canarias de la mano del Cabildo de La Palma y en la voz de Anselmo Pestana, denuncian que está diseñada por ejecutar, por ejemplo, proyectos como el campo de golf en Los Llanos de Aridane, en el Espacio Protegido de Tamanca, así como el de La Pavona Golf, en Breña Alta y con un parte del más de millón de metros cuadrados adquiridos por el grupo Calero, en Zona de Especial Protección para las Aves. Fuencaliente y otro proyecto de similares características, así como otro en Barlovento, son solo algunos de los proyectos que los denunciantes, en plena coincidnecia con grupos ecologistas de la Isla, entienden que se aprobarán sin las suficientes garantías para la protección del paisaje.
A la defensa que el presidente del Cabildo hizo sobre la legitimidad de la Ley de las Islas Verdes y su capacidad para salir airosa de este proceso, se ha sumado el diputado palmero del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Antonio Castro. El también expresidente de la Cámara regional, calificó el recurso interpuesto por el Grupo de Podemos del Congreso de los Diputados ante el Tribunal Constitucional, contra la Ley de las Islas Verdes, como “parte de su estrategia política de confrontación y oposición sistémica al desarrollo de nuestras Islas, en este caso en contra de una norma que fomentará el desarrollo económico y social de La Gomera, El Hierro y La Palma”.
En este sentido agregó que “Podemos ha sido el único partido político que se ha aprovechado de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados para realizar esta acción de oposición a una Ley, aprobada por más del 80% de los diputados del Parlamento de Canarias”, explicó.
En cualquier caso, recordó Castro Cordobez, la Ley sigue en vigor en todos sus artículos, “dado que al haber sido presentado el recurso por un grupo parlamentario, no conlleva su suspensión. Este aspecto fue subrayado por el parlamentario, que destacó que tanto el Cabildo palmero como el de El Hierro y La Gomera, así como los ayuntamientos, “pueden y deben seguir con la línea de trabajo iniciada para propiciar el desarrollo turístico y sostenible de las islas”.
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