Canarias saca petróleo de la boca de Antonio Brufau. El presidente de Repsol lo tiene crudo si pretendía sondear a la opinión pública del Archipiélago sobre una hipotética reanudación de la búsqueda de hidrocarburos a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura cuando, durante una entrevista en la COPE, pinchó en la fibra sensible de muchos al calificar de “tercermundista” la situación de rechazo que se escenificó hace dos años en las Islas, en contraste con las palmaditas en la espalda por el descubrimiento de un grandioso yacimiento en Alaska (Estados Unidos). En una de las resoluciones del reciente debate de política general, promovida por Nueva Canarias, el Parlamento lo declara persona non grata al entender que “faltó al respeto del pueblo y de las instituciones” e insta al Gabinete regional a vetarlo en los actos oficiales.
No era la primera vez que la Asamblea autonómica se posicionaba en un contencioso que se libró en tres frentes: político, judicial y económico. El 9 de junio de 2014, los diputados y diputadas de Coalición Canaria asistieron al pleno luciendo pegatinas y corbatas con el dibujo de una mano negra o blanca. Después de cinco horas de dimes y diretes, la Cámara aprobó, con los votos a favor de CC, PSOE y grupo Mixto (NC-PIL) y el rechazo del PP, exigir al Gobierno de la nación que respondiera a la solicitud de celebración de una consulta popular antes de la autorización definitiva de las prospecciones. El 6 de marzo de 2012, la Cámara legislativa determinó que no se daban las “condiciones”, en esos “momentos”, para que se efectuaran “actividades de prospección, exploración y producción de petróleo o gas en las aguas que circundan al archipiélago canario, debido a los elevados riesgos para el turismo”.
Paulino Rivero había presentado una comunicación en la que el Ejecutivo expresaba su preocupación por el peligro para la biodiversidad y, por lo tanto, el motor de combustión interna, “sin beneficios propios”. Esgrimió “razones de tipo político y social, económicas, competenciales y medioambientales”.
En el mejor de los casos, expuso, “las extracciones se realizarían dentro de nueve o diez años, y la empresa que lo explote puede inscribirse en cualquier parte del mundo, la plataforma puede tener bandera liberiana y la refinería puede estar en Nigeria”. El 25 de noviembre de 2014, el Parlamento explicitó su oposición a la autorización concedida el 11 de agosto a Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. para la ejecución de las exploraciones en los permisos de investigación Canarias 1 a Canarias 9, en las cuadrículas Sandía, Chirimoya y Zanahoria. “Se desprecia la amplia contestación ciudadana y los numerosos pronunciamientos de las instituciones democráticas canarias”. Y reprobó que se impidiera la participación popular en “un asunto de tanta trascendencia”, por la ausencia de respuesta a la petición formal y por impulsar la suspensión de la consulta convocada para el 23 de noviembre de 2014, en el ámbito competencial de Turismo y Medio Ambiente. La pregunta recurrida ante el Tribunal Constitucional era esta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. El 14 octubre de 2015 acordó emplazar al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a que archivara los permisos a Repsol, que seguían vigentes hasta 2017. En junio de 2016, el Tribunal Supremo sentenció que los certificados caducaron. La incertidumbre se fundamentaba en que Repsol solo consumó uno de los tres sondeos, pues las trazas halladas en los fondos marinos situados entre Canarias y la costa de Marruecos no reportaban la calidad ni la cantidad suficientes como para rentabilizar ese pozo. El alto tribunal reconoció que “no ha habido renuncia formal” de Repsol hacer uso de esos permisos y que, en teoría, pareciera que continuarían disponibles hasta el 11 de agosto próximo.
El 16 de enero de 2015, la petrolera informó de la finalización del sondeo iniciado el 18 de noviembre. Tras el análisis de las muestras, se concluyó que hay gas (desde metano hasta hexano). Se comprobó que en el subsuelo de esa cuenca “se han generado petróleo y gas, aunque los almacenes encontrados están saturados de agua y los hidrocarburos existentes se encuentran en capas muy delgadas no explotables”. El buque de posicionamiento dinámico Rowan Renaissance regresó a Angola.
El día 11 “se alcanzó la profundidad de 3.093 metros y se completó la recolección de datos de las formaciones geológicas atravesadas”. En el proyecto de investigación trabajaron unos 750 profesionales de más de 50 empresas. Repsol estimaba una probabilidad de éxito entre el 15% y el 20%. La inversión prevista superaba los 200 millones de euros, a pesar de que veía “estadísticamente difícil” que hubiera petróleo”. Sin embargo, la energética alemana RWE calculaba en 2013 un potencial de producción de al menos 1.390 millones de barriles. En un folleto destinado a captar capitales, ubicaba esta área en la misma placa submarina que deparó hallazgos de petróleo en Mauritania (Chinguetti) y Liberia y Sierra Leona (Mercury y Venus). Identificó tres parcelas del Terciario “listas para perforar”, con un pronóstico de 482 millones de barriles, frente a la costa norte de Fuerteventura.
A todas estas, uno de los seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que supervisaron la legalidad de las prospecciones transcribió su sospecha de que Repsol ocultaba “una colosal reserva” y sugería que su “huida” era “táctica”. En un auto emitido en enero de 2015 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, que ratificaba la no suspensión cautelar, el discrepante Luis Helmut Moya Meyer arguye que los ministerios de Industria y Medio Ambiente incurrieron presuntamente en “desviación de poder” para garantizar a Repsol los permisos, con un “inexplicable abandono del principio de cautela” y una actuación “orientada desde un principio a remover todos los obstáculos que se opusieran al proyecto”. Creía más en la vida extraterrestre que en la versión de la compañía: “Si se decide a hacer unas prospecciones en un punto muy concreto, arrostrando todas las consecuencias de la fuerte oposición social e institucional que el proyecto suscitaba, es porque se tienen algo más que indicios”. El juez intuía que la campaña sísmica que emprendió años antes de que el Supremo revocara su licencia pretérita “le permitió detectar” una bolsa sustanciosa, lo cual aconsejó afrontar el “desgaste” inherente.
Mientras José Manuel Soria justificaba la operación en los 100 millones de euros que España pagaba diariamente por la importación, Paulino Rivero reclamaba para la Comunidad Autónoma los recursos naturales para dilucidar si se extraían. En 2013, quien estaba llamado a relevarlo en el cargo, Fernando Clavijo, avaló las prospecciones siempre que se cumplieran unos requisitos. “Una vez garantizada la seguridad de la extracción de petróleo, es necesario ver cómo repercute eso en los ciudadanos de Canarias”, declaró en Teide Radio-Onda Cero. “Si la riqueza se la lleva una multinacional, no vamos a poner los riesgos”. Por de pronto, Canarias ofrece sus puertos a la industria internacional dedicada a la búsqueda de petróleo en alta mar. Es una evidente diversificación de la economía. Y del lenguaje.
El 23N: de referéndum a declaración institucional
El proceso de participación se iba a canalizar a través de un referéndum. Como la Moncloa no accedió a ello, se activó de prisa y corriendo el reglamento de la consulta. Al final fue una declaración institucional, el 23 de noviembre de 2014.
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