Algunas de las galerías inactivas en Canarias suponen en estos momentos un riesgo significativo para la ciudadanía. Tras la tragedia de Piedra de Los Cochinos, en Los Silos, de la que se cumplen 10 años, el Gobierno regional legisló la obligación de que los propietarios clausurasen y tomaran medidas en estas infraestructuras hidráulicas. Aun así, lo cierto es que hay algunas de ellas en las que es prácticamente imposible determinar quién es su propietario, lo que, por tanto, dificulta y demora -en exceso- el cierre de estas dotaciones.
Por ello, el Cabildo de Tenerife ha solicitado a la Dirección General de Minas del Gobierno de Canarias que busque la forma legal -a través de un decreto o de la modificación de la ley regional de Aguas- que permita a la Administración responsable cerrar las galerías y pozos cuyos dueños no se localicen y que supongan un peligro para los ciudadanos al estar inactivas. Así lo adelantó a DIARIO DE AVISOS el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, quien se reunió con los representantes del Ejecutivo regional recientemente para hacer llegar esta propuesta.
El consejero insular explicó que para que a aquellas infraestructuras de aguas que están inactivas se les anule la licencia de explotación hay que cambiar la norma, ya que ahora mismo, según la ley, las galerías y pozos que no estén operativos mantienen vigente el mencionado permiso. Sobre el encuentro mantenido con el responsable regional de Minas, el consejero tinerfeño afirmó que el Gobierno canario también “comparte esta preocupación” por el estado de las galerías inactivas, por lo que se comprometió a estudiar el asunto con detenimiento para ver su viabilidad.
Martínez explicó que en estos momentos, según la actualización del censo de galerías y pozos elaborado por el Consejo Insular de Aguas, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 13 de diciembre, la Isla cuenta con 1.052 galerías y 391 pozos. De esta cifra, la mayoría se encuentran inactivos, puesto que ya el negocio de extracción de aguas se ha reducido en el Archipiélago. En concreto, 620 galerías y 223 pozos están secos, lo que suman un total de 843 instalaciones. Se trata del 58% de las infraestructuras totales, que son precisamente las que suponen un riesgo al estar abandonadas.
Los consejos insulares deben llevar a cabo un censo de estas dotaciones en cada una de las islas y actualizarlo cada dos años, como así ordena la normativa al respecto, elaborada tras la tragedia de Piedra de los Cochinos. Con estos datos, la Dirección General de Minas debe localizar a sus propietarios para su clausura o adecuada señalización -entre otras medidas-. Precisamente, en este aspecto radica uno de los principales problemas del proceso, ya que, en muchas ocasiones, es difícil hallar a los dueños o se trata de una galería con multitud de propietarios. Por ello, como indica la legislación, en estas situaciones en las que se desconoce quién es el responsable se debe actuar localizando al propietario del terreno donde se ubica la galería o el pozo en cuestión, lo que resulta proceloso.
Todo ello supone también que, en muchas ocasiones, el trámite de clausura de una galería se demore enormemente. Por ello, con el cambio de la normativa propuesto por el Cabildo tinerfeño, la Administración competente (el Gobierno de Canarias) podría actuar tapiando los pozos y otras infraestructuras similares que supongan un riesgo, en todas aquellas que no estén activas, que son la gran mayoría, al menos en la isla de Tenerife.
Martínez insistió en que se trata de un asunto de gran importancia, ya que permitirá evitar que se produzcan más incidentes. Así, recordó que el pasado enero se registró un accidente en un pozo de Fuerteventura. En concreto, el consejero se refirió al suceso que tuvo lugar en el municipio de Pájara, cuando los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a una mujer de 75 años de edad que se quedó atrapada en un pozo de agua.
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