Casi dos meses después de la primera reunión del grupo de trabajo, en la ponencia que estudia las más de 500 enmiendas parciales a la Ley del Suelo se visualiza una triple alianza (CC-PP-ASG) con aportaciones del PSOE. Si bien NC también ha logrado algunas “mejoras”, este grupo y el de Podemos son los que más resistencia están presentando. Ayer, los representantes de estos dos partidos rechazaron la “consolidación de las puertas traseras para saltarse el planeamiento mediante los proyectos públicos o privados declarados de interés insular o autonómico”. Gracias al acuerdo alcanzado ahora, se ajustarán a situaciones “muy singulares y excepcionales”. Eso significa que “se garantiza que cuando la iniciativa sea privada, antes de la declaración de interés insular o autonómico, tiene que haber un informe previo del Ayuntamiento”, explica el portavoz del grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, en una nota informativa. En virtud de la propuesta correctora de CC-PNC, “solo caben sobre usos turísticos no alojativos”.
En opinión de Podemos, los artículos 124 y 129 son “un coladero para saltarse todos los trámites” vigentes. En un comunicado, la diputada Natividad Arnáiz reitera que la Comunidad Autónoma “delega las competencias en materia territorial y renuncia así a la unidad regional y a la cohesión territorial y social de Canarias”. En la sesión de este miércoles no encontraron hueco las sugerencias de Podemos. El partido morado únicamente acepta que se asignen criterios de interés autonómico, aprobados el Gobierno regional, sin incluir las actividades industriales, energéticas o turísticas: “Creemos que, por ser excepcionales, deben atender a necesidades urgentes y relacionadas con los sistemas generales y dotaciones, es decir, con la red viaria, eléctrica, o de agua, o equipamientos estructurantes, o, lo que es lo mismo, hospitales y escuelas”.
Campos trasladó al DIARIO la idea de que los proyectos en cuestión son la “esencia de la desregulación” del territorio y de la “discrecionalidad”. Desde esa perspectiva, “se impone el urbanismo de proyecto frente al urbanismo de plan”, lo cual, denunció, “compromete el desarrollo sostenible y el interés general”. El portavoz adjunto de NC se apoyó en los informes y las alegaciones de entidades como la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que defiende que antes de la declaración de interés insular o autonómico sean sometidos a la participación pública. Luis Campos se hizo eco de las advertencias del Consejo Consultivo y del Cabildo de Gran Canaria para que sean de aplicación la evaluación de impacto ambiental, tal como dispone la legislación básica nacional, y las alegaciones ciudadanas que han sido registradas en el Parlamento.
Superado el capítulo quinto, la próxima semana empezarán por el artículo 146, en la sección cuarta, sobre los instrumentos urbanísticos de desarrollo: los planes parciales de ordenación y los especiales. Quedan 89 páginas. El jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, había previsto que la ley estaría lista a finales de abril o principios de mayo. Probablemente, ni siquiera la ponencia habrá acabado su tarea en la fecha soñada.
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