Guerra abierta entre el poder ejecutivo y el judicial por la Ciudad de la Justicia

Una asociación de juristas pide el cese del consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, que anunció una queja ante el CGPJ por la insinuación de posibles intereses urbanísticos
El solar de la calle de Los Bimbaches, al suroeste es el preferido por Gobierno y Ayuntamiento, pero el sector reniega del emplazamiento. ANDRÉS GUTIÉRREZ

Lo que era discrepancia pasó a disputa pública y va camino de convertirse en un grave enfrentamiento entre dos de los tres poderes: el Ejecutivo y el Judicial. La bronca por la elección de un solar del barrio santacrucero de El Sobradillo para construir una Ciudad de la Justicia que ponga fin a las enormes carencias actuales está degenerando en una crisis institucional de temibles efectos.

Si la rueda de prensa ofrecida el pasado viernes por lo más granado del sector (jueces, fiscales, abogados, trabajadores, procuradores…) arrojaba sombras sobre posibles intereses urbanísticos en la operación y anunciaba la judilización del asunto, ayer respondió el consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo autonómico, José Miguel Barragán, con el anuncio de una queja ante el órgano que gobierna a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, en declaraciones recogidas por El Día.

José Miguel Barragán respondió sobre esos supuestos intereses que “a ese nivel no voy a permitir ni un solo juego”, a la par que descartó un cambio de planes al recordar que “la decisión está tomada” y “por muy jueces que sean, no harán que la Comunidad se gaste ni un euro más”.

En esta espiral donde cada novedad agrava aún más el asunto, la asociación Justicia y Sociedad solicitó ayer la dimisión del consejero regional al entender que tales declaraciones son “intolerables”. Esta asociación de juristas, que hace unos días propuso varias alternativas para albergar ese gran complejo judicial en la capital tinerfeña, entiende que el poder ejecutivo debe “respetar” el equilibrio entre poderes y, sobre todo, “no emprender el camino de la confrontación y en algún momento, el de veladas coacciones al ejercicio libre de expresión de los integrantes de la plataforma, que une a todos los operadores jurídicos de la isla en una sola voz”.

Para la asociación, las críticas de Barragán “devalúan la calidad” del sistema de Gobierno de Canarias. “La ciudadanía no se merece unos gobernantes que hagan de la mentira y de los intentos de acallar las criticas su forma de hacer política”, destaca.

Además, asegura que el consejero “vuelve a mentir” al basarse en un estudio comparativo que “carece de todo rigor” para “imponer” la alternativa de la parcela de El Sobradillo.

A este respecto, cabe recordar que al igual que los técnicos de la Consejería regional sostienen que la opción de El Sobradillo es la más adecuada, sus colegas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comparten tal opinión, denostada, sin embargo, por los críticos al considerar que el nuevo inmueble debe permanecer en Cabo Llanos, hoy corazón administrativo de la provincia.

Mientras tanto, los trabajos en Puerto del Rosario (Fuerteventura), la otra capital insular de Canarias con similares problemas a los de este partido judicial, sí transcurren por el buen camino, y se espera que en un plazo entre seis y ocho meses pueda iniciarse la construcción del nuevo edificio.

Contactos informales entre las partes para rebajar la tensión

La gravedad de las manifestaciones efectuadas el pasado viernes por representantes del sector judicial y la no menos dura respuesta desde el Gobierno de Canarias hizo sonar ayer todas las alarmas. El teléfono sonó en los despachos y hubo conversaciones informales para rebajar la tensión actual, claramente desmedida n

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