El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, defendió la iniciativa legislativa del Cabildo tinerfeño -rechazada el miércoles en el Parlamento regional- porque permitía expropiar el suelo de las canteras de áridos de Güímar, con una indemnización “que se podía hacer con aprovechamientos urbanísticos mediante una operación de la propia parcela”.
Estas declaraciones, efectuadas a la cadena COPE en Tenerife, suscitaron ayer la reacción del PSOE parlamentario, que, junto al resto de partidos de la oposición en la Cámara legislativa (salvo ASG, que se abstuvo), votó en contra de esta iniciativa, en una sonora derrota del Gobierno canario y de CC-PNC, único grupo en respaldarla.
Los empresarios de estas canteras han sido condenados a penas de cárcel y a restaurar el daño ambiental causado por las extracciones.
Tras escuchar a Clavijo, el diputado socialista Gustavo Matos tachó ayer de “falso” que la ley propuesta por el Cabildo facilitara las expropiaciones y que su no aprobación suponga la inmediata explotación minera de la zona.
“Como portavoz del Grupo Socialista en esta materia, le reto a que el Gobierno que preside elabore una ley y la defienda en el Parlamento, pues el presidente puede impulsar una ley si cree que es esa la solución, pero lo que no cabe es escudarse en el rechazo a la propuesta por el Cabildo de Tenerife. Así sabremos por fin qué solución jurídica nos da él”, manifestó Matos.
El diputado socialista, que participó en el debate parlamentario del miércoles para justificar la posición de su grupo, insistió en que “no es cierto que esa iniciativa legislativa facilitara las expropiaciones ni tampoco la compensación con usos urbanísticos”.
Matos puso además el dedo en otra llaga: “Ahora sabemos que Clavijo, al parecer, está de acuerdo con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, en introducir usos turísticos en ese suelo para compensar a los areneros, algo que no estaba en la propuesta que se debatió en el Parlamento, en la que se planteaba un uso agrícola de las zonas afectadas por las extracciones”. En sus declaraciones a la COPE, Clavijo argumentó que, “evidentemente, lo que no va a hacer el Gobierno canario es pagar con dinero público, eso lo puede tener claro todo el mundo”. Lo que sí defendió fue “tener una norma que permita hacer un acuerdo urbanístico en ese entorno y que el propietario obtenga beneficio de su concesión minera”. El jefe del Ejecutivo ha pedido a la Audiencia Provincial cómo ejecutar la sentencia, pero antes de obtener esa respuesta deberá comparecer en el Parlamento regional a petición del PSOE sobre este asunto. “El Gobierno tendrá una oportunidad fantástica para explicarnos qué ha hecho y qué quiere hacer con los barrancos de Güímar, porque hemos registrado una interpelación desde el grupo parlamentario Socialista para que lo explique en el próximo pleno”, informó el diputado del PSOE.
En sus declaraciones a la COPE, el mandatario de CC añadió que ningún funcionario de la Administración pública “es capaz” de calcular el “alcance, magnitud y cuantificación” de lo establecido por la sentencia judicial”. Nadie sabe cómo se puede restaurar y cuál es el alcance”, señaló el presidente.
Pero el PSOE en el Parlamento, por boca de Matos, puso énfasis en que “se ha estado mintiendo también a los ciudadanos al decirles que el rechazo a la ley de los barrancos suponía que al día siguiente se podía reiniciar la actividad de extracción, algo que sabemos que es completamente falso, pues cualquier actividad de esa índole requiere de una autorización administrativa previa muy difícil de conseguir y que conlleva un tiempo largo de tramitación en todo caso para su obtención”. Tiene claro el parlamentario socialista, al igual que los demás grupos de la Cámara que votaron contra esta iniciativa, que haber dado cauce a su tramitación, y posible aprobación, “podría generar indemnizaciones millonarias para todos los canarios”.
En el pleno parlamentario, Matos se opuso a redactar una ley para resolver “un problema concreto”, ya que hay otras soluciones más eficaces como modificar el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) o hacer un plan territorial parcial.
No sin sarcasmo, el diputado lagunero afeó a Alonso que haya “innovado” en el Parlamento al anunciar una enmienda, 24 horas antes de debatirse en la Cámara la tramitación de la ley, sobre dar usos turísticos en los barrancos, pese a que en el texto registrado en la asamblea legislativa no figuraba tal pretensión.
Aunque la iniciativa contaba con el apoyo de la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, del PP, en el Parlamento los populares también votaron en contra, porque, según arguyó la diputada tinerfeña de este partido Cristina Tavío, se necesitan “plenas garantías jurídicas y técnicas” y saber “cuánto va a costar”. Durante su intervención en la sesión plenaria, anunció que iba a proponer una comisión de estudio en el Parlamento sobre este controvertido asunto.
Pregunta a la Audiencia cómo ejecutar el fallo
Fernando Clavijo anunció que ha solicitado a la Audiencia Provincial que explique cómo ejecutar la sentencia judicial que obliga a los empresarios condenados a restaurar el espacio afectado por las extracciones de áridos durante décadas, que han dejado unos enormes hoyos en un lateral del Valle de Güímar desde las medianías hasta la costa.
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