Ciudadanos (C’s) teme que la llamada Operación Lezo, una investigación de la Guardia Civil en torno al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, acabe afectando a vuelos de Madrid y Canarias, dado que la empresa responsable de las torres de control de los aeropuertos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura es propiedad, al parecer, de uno de los principales implicados. La formación naranja anunció igualmente que preguntará al Gobierno si piensa adoptar medidas al respecto.
Esta conexión de la Operación Lezo con el Archipiélago no es la primera, por cuanto a raíz de la misma se paralizó por parte del Ministerio de Defensa las negociaciones para adquirir los terrenos que hoy utiliza en Hoya Fría y que fueron recuperados en los tribunales por la familia tinerfeña a la que se les arrebató en tiempos de la dictadura. Además, también ha tenido repercusión en la empresa que presta el suministro público de agua en Lanzarote.
Respecto a las torres de control, Ciudadanos advierte de que una de las empresas cuya sede fue registrada en el marco de dicha operación anticorrupción es Servicios Aeronáuticos Control y Navegación SL (Saerco), un proveedor de servicios de navegación aérea que desde 2012 gestiona el tráfico de los tres aeropuertos canarios citados, que acumularon el pasado año unos 15 millones de pasajeros, cifra que supone el 40% de todos los pasajeros en el Archipiélago.
A ello hay que sumar, prosigue la nota de prensa del partido que lidera Albert Rivera, los casi 50 millones de pasajeros que Saerco “comenzará a gestionar en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una vez que se confirme la adjudicación desde AENA por la gestión de la dirección de plataforma en las terminales 1, 2, 3 y 4”.
Ciudadanos relata igualmente que el administrador único y máximo accionista de esta empresa es, al parecer, el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, que creó esta empresa de asesoramiento y consultoría meses después de su salida de la empresa pública madrileña en 2009, y cree “probable” que el juez instructor de la Operación Lezo, Eloy Velasco, “pudiera decidir, en el corto o medio plazo, proceder al bloqueo de cuentas, lo que podría afectar a Saerco y, por tanto, a su personal, así como indirectamente para los casi 70 millones de pasajeros que su empresa gestiona”.
Por todo ello, este partido registró en el Congreso una batería de preguntas cuestionando al Ejecutivo por si cuenta con “un plan de respuesta rápida para velar por la seguridad de los pasajeros que podrían verse afectados”, si tiene previsto implantar medidas “de supervisión continua”.
Asimismo, Ciudadanos también inquiere por el posible impacto que podría suponer la imposibilidad de garantizar la continuidad del servicio de tránsito aéreo en los aeropuertos mencionados en el caso de que el máximo responsable de Saerco fuera finalmente imputado.
Por último, también se solicita al Ejecutivo que valore el impacto que podría tener esta imputación en el certificado otorgado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a Saerco y que le capacita para la gestión del tránsito aéreo.
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