Unas conclusiones que poco lugar dejan a las dudas: Victoria Rosell es inocente y Salvador Alba podría ser expulsado de la carrera judicial. El culebrón que ha conmocionado al sector judicial de Canarias, y que difícilmente se explica sin una posible motivación política que lo generó, encuentra al fin indicios de una contundente respuesta por parte del órgano de gobierno de la judicatura española: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tal y como concluye el instructor de la acción disciplinaria designado por el CGPJ, Antonio Fonseca, el juez Salvador Alba pudo cometer una falta muy grave, que podría motivar su expulsión de la carrera, con su comportamiento cuando sustituyó a la juez y exdiputada Victoria Rosell en Las Palmas de Gran Canaria. Precisamente, las falsas acusaciones contra Rosell impidieron a la misma volver a presentarse como candidata de Podemos en las últimas elecciones generales, dado que al estar implicada en un proceso judicial no superaba el código de conducta vigente en la formación morada.
Eso sí, la propuesta de sanción por la que se decide Fonseca debe esperar a las alegaciones del propio Alba en su defensa, pero de confirmarse, se elevaría al pleno del órgano de gobierno de los jueces una propuesta para que Alba deje de ser juez.
Primero, el penal
Sin embargo, distintos factores harán que la decisión se retrase. El más importante de ellos es que los hechos, calificados ahora por el CGPJ en el ámbito administrativo, tienen relevancia penal y están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La resolución del expediente administrativo debe esperar a que se sustancie en proceso en el ámbito penal.
El CGPJ abrió expediente disciplinario al magistrado Salvador Alba, en relación con hechos puestos de manifiesto por varias grabaciones publicadas, en el mes de noviembre de 2016. Alba sustituyó a la juez Victoria Rosell en su juzgado cuando esta lo dejó para incorporarse a las listas de Podemos, y desde esa posición un informe suyo fue fundamental para que se admitiera contra ella una querella del entonces ministro José Manuel Soria que la llevó a la dimisión.
Sin embargo, podría haber existido falta de imparcialidad en Alba en esa actuación. Una prueba de su parcialidad podría constituirla tanto determinadas revelaciones de secretos relacionadas con este asunto como investigaciones desarrolladas por el juez canario que fueron más allá de sus límites. Alba podría haber tenido un interés directo o indirecto en el proceso relacionado con Rosell y su pareja, “revelado posteriormente con el contenido de una grabación”, dice el expediente.
Análisis
Estos hechos, que inicialmente fueron considerados como posibles abusos de autoridad o incumplimiento del deber de abstención, han sido calificados finalmente como desatención muy grave. Es decir, el instructor ha cambiado la calificación inicial tras un estudio pormenorizado.
El asunto ha dado lugar a una investigación penal contra Alba en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fiscal le imputa negociaciones prohibidas a funcionarios.
Rosell siempre achacó la acusación contra ella a intereses políticos
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado martes, por cinco votos a dos, archivar el expediente disciplinario incoado por el instructor asignado al caso, Antonio Fonseca, a la magistrada Victoria Rosell Aguilar, titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas, por una supuesta desatención en la tramitación de procedimientos judiciales que ahora se entiende que no era tal. Los miembros de la Comisión Disciplinaria no consideran acreditado que Rosell interviniera en un procedimiento judicial en el que había sido recusada, tal y como sostenía el promotor, que proponía sancionar a la magistrada con un mes de suspensión de funciones. La Fiscalía pedía la misma sanción para la juez. Por su parte, Rosell siempre achacó tal acusación a intereses de sus adversarios políticos, por cuanto la misma le impidió repetir como candidata de Podemos.
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