
La Universidad de La Laguna (ULL) ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia dictada hace aproximadamente un mes por el Tribunal Supremo (TS) que le obliga a abonar una cuantía de cuatro millones de euros por la expropiación de unos terrenos en la zona de Geneto, en el municipio de La Laguna. Según han adelantado a DIARIO DE AVISOS fuentes de la institución académica, la ULL ha solicitado ya oficialmente al Supremo un incidente de nulidad, que es el paso previo para poder acudir al Constitucional, pues entiende que han sido vulnerados algunos derechos fundamentales. En concreto, en el documento elevado al alto tribunal para poder acudir al Constitucional se expone que la ULL considera que se ha vulnerado su derecho a la igualdad en la aplicación de las resoluciones judiciales, el derecho a la tutela judicial efectiva y el de la autonomía universitaria.
Ahora el Supremo deberá estudiar la petición de la Universidad para pronunciarse al respecto, un trámite que se prevé pueda estar resuelto a finales de año o principios de 2018. Los escenarios que se barajan son tres: que se rechace el mencionado incidente de nulidad, que se conceda y se pueda acudir al Constitucional o que sea el propio Supremo quien anule su fallo judicial. No obstante, este último parece el menos probable.
Todo este procedimiento se remonta a 1994, cuando la ULL solicitó al Ayuntamiento de La Laguna la reserva de suelo en su Plan General de Ordenación para uso universitario. Tras unos años sin movimientos, los propietarios solicitaron la expropiación, que finalmente fue avalada por una sentencia judicial, por lo que el Consistorio tuvo que hacer frente al pago de los cuatro millones de euros que costaban los terrenos.
Aun así, el Ayuntamiento lagunero planteó, mediante la vía judicial, que fuese el Gobierno de Canarias y la propia Universidad quienes afrontaran este desembolso económico millonario. En un primer momento, la Justicia falló a favor de La Laguna, pero tras un recurso del Ejecutivo regional, el Tribunal Supremo dictaminó que los cuatro millones deben salir, exclusivamente, de las arcas universitarias, un dictamen al que ahora pretende recurrir la institución académica.





