Llegó a Tenerife en 2011, en plena crisis económica y social, huyendo de otra que comenzaba a gestarse en su país, Venezuela. Como inmigrante retornado accedió a una primera ayuda que pronto se acabó. Después de algunos trabajos precarios, mal pagados y con horarios interminables, accedió a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Cobra algo más de 600 euros para una familia de cuatro miembros. Como Raúl (nombre ficticio), en Santa Cruz existen en torno a 1.000 familias que subsisten gracias a esta ayuda de último recurso, que se mueve entre los 400 y esos 600 euros con los que Raúl sustenta a su mujer y sus dos hijos de 2 y 4 años.
Los fríos datos dicen que solo en 2016, se realizaron, desde los Servicios Sociales capitalinos 10.000 atenciones relacionadas con esta ayuda y se cursaron más de 2.000 solicitudes para recibirla. Una vez hecho el papeleo, 788 familias accedieron a la renovación, 270 revisaron su situación y se subsanó la de otras 432. La cifra que arroja esta ayuda de último recurso, es la de que más de 1.000 familias subsisten gracias a la PCI en la capital durante los dos años que dura esta prestación.
Este año, cuando los trabajadores sociales que gestionan la PCI en el Ayuntamiento de Santa Cruz, uno por cada Unidad de Trabajo Social (UTS)(7), empezaron su labor en febrero, ya había 1.000 solicitudes de nueva alta esperando para lograr este ingreso. Según los datos del Gobierno de Canarias, la PCI llega a 13.000 familias en el Archipiélago, un programa en el que se invierten más de 52 millones de euros y para el que, asegura el concejal de Asuntos Sociales de Santa Cruz, Óscar García, “nos han prometido desde el Gobierno de Canarias que no hay techo”. Y es que, la PCI, a pesar de ser tramitada, valorada y pagada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, debe ser aprobada por el Ejecutivo regional, un trámite que como denunció el usuario del IMAS, puede llevar más de seis meses. “Pedimos que nos den a los ayuntamientos la gestión íntegra. Si lo único que hace el Gobierno es darle a la tecla para pagar, eso lo podemos hacer nosotros”, se queja García.
Mientras, como narra Raúl, “tienes que pasar el trámite administrativo, una entrevista y cuando te la conceden acudir a los talleres de empleabilidad”. Estos talleres son los conocidos como Planes de Actividades de Inserción que este retornado reconoce que no sirven de mucho. “Nos dan consejos sobre cómo conseguir trabajo o cuestiones parecidas que ya conocemos. En mi caso, incluso. he conseguido más información útil por otras partes que por las que ofrece la administración”. Una valoración ésta que coincide con la visión del concejal responsable del IMAS: “Hay que darle una vuelta a la PCI. Los planes de inserción no están funcionando y la forma en la que se gestiona esta ayuda es mejorable”.
Según García, le han prometido cambios como por ejemplo que la contratación del personal será bianual y no como ahora, que empiezan en febrero y termina en diciembre. También que se adelantarán los procesos de contratación a septiembre para que en enero ya puedan empezar los trabajadores sociales que gestionan en Santa Cruz esta ayuda.
Gestión
Rafael Pérez es uno de los trabajadores sociales que gestiona la PCI en la capital y aunque las cifras las ofrece García, reconoce que el trabajo que tienen que hacer es ingente y que con más trabajadores los plazos se reducirían mucho más. “Por ley ahora tenemos dos meses como máximo para la tramitación y otros dos los que tiene el Gobierno de Canarias para contestar”. Estos trabajadores no solo tramitan las nuevas altas, sino que también deben hacer las renovaciones, los planes de inserción y el seguimiento de los beneficiarios.
A esto se suman los errores que comete el Gobierno de Canarias. “En mi caso -explica Raúl- se equivocaron y en vez de pagarme los 600 euros que me correspondían, solo me pagaron 189 durante cinco meses. Me deben 2.000 euros que he reclamado al Gobierno de Canarias pero es como si oyeran llover”. Con 47 años, Raúl, entiende que esta situación es culpa a partes iguales de la crisis y de las administraciones. “El Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos tienen que apostar por crear empleo ya, no en el 2030, porque los que ahora estamos en esta situación puede que no aguantemos”. También responsabiliza al Gobierno central. “Para mí es un error que se fomente el empleo joven frente a los que tenemos más de 30 años, con responsabilidades familiares y que hemos visto que se nos ha sacado del mercado al primar la contratación entre los más jóvenes”, se lamenta.
Cuando se le pregunta a este beneficiario de la PCI en la capital cómo vive una familia con dos niños pequeños con poco más de 600 euros, su respuesta es rápida, “de milagro”. “Pagas el alquiler que son unos 300 o 400 euros, agua y luz y poco más”. ¿Llega para comer? “Para medio comer”, responde. “No solo no llega sino que además, estoy endeudado con los bancos y los recibos se acumulan”. Raúl termina este año la PCI, que solo se puede cobrar durante dos años. “Solo puedo tener fe y confiar en que voy a poder encontrar un trabajo. No quiero pensar en lo que vamos a hacer cuando se acabe la PCI”. De momento está preparándose para acceder a un curso de FP que mejore su empleabilidad.
Perfiles
El trabajador social reconoce que el perfil de Raúl es uno de los que se ha incorporado a la agenda de la PCI. “Esta ayuda surgió para dar un apoyo a las familias que estaban en exclusión social. Después de la última reforma, se ampliaron los perfiles y se redujeron los plazos con el objetivo de llegar también a las personas que están en riesgo de exclusión”. Se trata de personas formadas, que no han podido encontrar un trabajo y para las que los PAI no funcionan. “No hay un único perfil” reconoce Pérez. Porque esa es otra de las consecuencias de la crisis, se han multiplicado las situaciones que abocan a las familias a solicitar la PCI. Immigrantes, ancianos, mujeres con hijos, familias con cuatro miembros o más, personas que viven solas, se han convertido en la cara de la exclusión.
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