“Los mandos de la Policía Local se reservan el derecho a iniciar acciones legales por lo que se ha vertido en el Pleno”. Así finalizaba ayer la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González, su intervención en la sesión plenaria, durante la moción que IU, Sí se puede y PSOE presentaron para prevenir y actuar frente al acoso laboral en el Ayuntamiento. El motivo del enfado de los mandos del cuerpo local, trasladado a través de la concejal responsable, es que la moción se apoyó en un caso particular, que, según lo datos aportados por la edil de Seguridad, está condenado por vejar a una subordinada. El ejemplo de acoso citado por los grupos proponentes es el de un policía local, subinspector, ya retirado por invalidez permanente, reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una situación que el agente achaca al acoso laboral sufrido.
Así lo denunció el subinspector en un escrito preparado para su intervención en el Pleno que finalmente no se produjo porque el secretario no lo permitió. El texto fue leído por el concejal del PSOE Andrés Martín, y en él el agente denunció que se le abrieron cinco expedientes, todos ellos archivados, entre 2006 y 2010. En este periodo desarrolló un trastorno depresivo que lo obligó a largos periodos de baja. Según la oposición, la sentencia que le da la invalidez reconoce que ha estado sometido a una situación de acoso, mientras que González aseguró (también lo hizo el Grupo de Cs) que el juez en ningún caso establece la relación entre la invalidez y el acoso. Es más, la edil de Seguridad detalló los expedientes por los que el agente alega una persecución.
Según la primera teniente de alcalde, cuatro de las cinco denuncias fueron presentadas por mujeres e incluso uno de ellas tuvo una condena penal por vejar gravemente a una subordinada. Ante este panorama, el grupo de gobierno lamentó que los grupos en cuestión se apoyaran en un caso que, a juicio de González y del edil de Recursos Humanos, Juan José Martínez, no es ilustrativo de ninguna situación de acoso.
Añadió Martínez que el Ayuntamiento sí que tiene un protocolo, el mismo que se le ofreció al agente cuando manifestó las primeras quejas, “que nunca quiso poner por escrito”, y recordó que en cinco años ese protocolo se ha activado dos veces. Ramón Trujillo (IU) admitió que los datos aportados eran relevantes, aunque quiso centrarse en el acuerdo que se traía, al igual que el PSOE, pues “lo importante es atacar el acoso laboral”, mientras que Pedro Fernández Arcila (SSP) insistió en que la sentencia sí que reconoce la situación de acoso denunciada.
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