Apenas el 25% de las aguas residuales vuelve a utilizarse en Canarias. Al menos ese era el porcentaje en 2013, año en que la Audiencia de Cuentas elaboró un detallado Informe de Fiscalización del Saneamiento del Agua por las Entidades Locales, y que dos años después fue elevado al Parlamento regional y al Tribunal de Cuentas como es preceptivo. Otra de las conclusiones del análisis efectuado entonces es que apenas 22 de los 52 ayuntamientos isleños que facilitaron sus datos contaban con unas ordenanzas legales propias sobre los vertidos que tuvieran lugar en su municipio. La existencia de este tipo de normas siempre resulta recomendable, ya que, como es lógico, son más efectivas al conocer la realidad específica de cada término municipal. Si se carece de tales ordenanzas, hay que remitirse a las leyes aprobadas con un ámbito de aplicación supraterritorial.
Ecológico
La reutilización de las aguas residuales tras el debido tratamiento de las mismas es, como resulta obvio, un objetivo irrenunciable a la hora de avanzar hacia un desarrollo cada vez más sostenible, reto que adquiere más relevancia en un territorio con las características del Archipiélago, claramente superpoblado y que cuenta con la añadidura de los cerca de quince millones de turistas que nos visitan ya anualmente.
Explica la Audiencia de Cuentas al inicio de su informe que es “la escasez de agua lo que ha obligado a optimizar su uso reutilizando las aguas depuradas, cuyas aplicaciones más características son los consumos municipales, limpieza de calles y alcantarillado, el riego de parques y jardines y la agricultura”. “El Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre -detallan los especialistas del órgano fiscalizador- establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, e introduce el término de aguas regeneradas como aquellas que han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional que permite adecuar su calidad al uso al que se destinan”.
Presentado así el marco de la reutilización de estas aguas residuales, se desvela que “de los 43 municipios de los que se dispone de información relativa (…) se ha obtenido que el 56,8% se destina a uso agrícola, y el 43,2% se destina al riego de jardines y zonas de ocio”. En cuanto a la distribución por islas, llama la atención que en La Palma no se reutiliza cantidad alguna de agua depurada, o al menos así constaba en 2013, año en que se elaboró este documento. Sobre el uso dado entonces al agua residual reutilizada en nuestras Islas, el 56,8% se destinaba a uso agrícola y el 43,2% restante al riego de jardines y zonas de ocio.
Normas
En cuanto a otras de las conclusiones incluidas en el análisis de la Audiencia de Cuentas que nos ocupa, destaca, como se ha dicho, que apenas 22 de los 52 municipios que colaboraron con este trabajo tienen alguna ordenanza de vertidos o norma análoga.
Por último, también llama la atención los resultados obtenidos sobre el precio medio del metro cúbico de agua. Éste oscila, en cuanto a precios mínimos se refiere, entre los 0,02 euros por metro cúbico de Tenerife y los 0,6 de Fuerteventura. En cuanto a los precios máximos fluctúan entre los 1,16 euros de La Gomera y los 2,25 euros de La Palma, que vuelve a destacar por un dato negativo.
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