Pasan los años y ahí siguen en pie, mostrando sus vergüenzas a los cuatro vientos, testigos del paso de los años y los decenios. Construcciones que apuntaban a hoteles, apartamentos o viviendas y se quedaron a medio camino, ancladas en la desidia y asentadas sobre un limbo administrativo, sin solución de continuidad ni de retorno al punto de partida.
Son monumentos al fracaso urbanístico, bloques hormigón que explotaron en las manos de sus promotores en pleno boom del turismo y de la construcción y que, tiempo después, exhiben sus ruinas ante la indiferencia general.
Los edificios fantasma se caen a pedazos décadas después de que las máquinas y los obreros dejaran de trabajar en ellos. Crisis económicas, la ruina de los inversores, litigios judiciales, renuncias de herederos o el fallecimiento de sus promotores están detrás de una realidad que daña la vista, afea el paisaje y, lo que es peor, amenaza la seguridad de las personas sin hogar que malviven en muchos de estos bloques desnudos, deteriorados por el paso de los años, sin ningún mantenimiento y sometidos al viento, la lluvia, el sol y especialmente el mar.
Eustaquio Villalba, portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), lamenta las “décadas de incapacidad” de las administraciones públicas para acabar con mamotretos como el de Añaza o el esqueleto de Puntillo del Sol, en La Matanza de Acentejo, dos ejemplos que representan “una manera de entender el progreso que dejó profundas cicatrices en Tenerife con graves consecuencias para el futuro”.
Villalba destaca el auge turístico a finales del franquismo, “cuando existía la confianza de que construir más y más alto traería riqueza”, y el litoral se convirtió en una “oportunidad de negocio”. A su juicio, la existencia de estos edificios abandonados “obliga a preguntarnos quién obtiene los beneficios de transformar el territorio y quién acaba pagando los errores”.
“Durante medio siglo han ocupado el horizonte, deteriorando el entorno y afectando considerablemente al paisaje de las Islas, y además generando problemas gravísimos de seguridad, como se ha visto en el bloque de Añaza”, subrayó el portavoz de ATAN.
Para Jaime Coello, portavoz de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, resulta “inexplicable” la “inacción” de las administraciones públicas, a las que pide que dejen de mirar hacia otro lado: “Si no se puede localizar al propietario o este no quiere tirar la construcción abandonada, la legislación permite la ejecución directa por parte de la Administración y después pasar los costes correspondientes al propietario, si lo hay”.
Para Coello, la inversión de dinero público para derribar estos “adefesios” está justificada desde un punto de vista “ambiental, social, urbanístico, del decoro de la propia ciudad y del cuidado de los entornos”. Insiste en que se trata del “interés general” para acabar con un “problema enquistado”.
VIVIENDAS PÚBLICAS
La Fundación Canarina defiende aplicar criterios territoriales y sociales para poner fin a los abandonos indefinidos. “Cuando estos inmuebles se encuentran dentro de la trama urbana, las administraciones públicas deben adquirirlos, mediante expropiación cuando sea necesario, y rehabilitarlos como vivienda pública permanente o cederlos a cooperativas en régimen de cesión de uso para que los rehabiliten y habiten”.
En caso de que los inmuebles abandonados afecten a espacios naturales o presenten un estado ruinoso, la Fundación Canarina sostiene que deben ser demolidos para su restauración ambiental, “con cargo prioritario a los responsables de su abandono”.
Subraya que la decisión debe tomarse y ejecutarse en plazos concretos, ya que “mantenerlos en pie solo prolonga su impacto paisajístico y ecológico, y el riesgo para la seguridad de las personas; además, sirve de coartada para justificar nuevos desarrollos en zonas que se presentan como degradadas”.
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