El Consejo Rector de Urbanismo, presidido por la primera teniente de alcalde y concejal del área, Zaida González, aprobó ayer el pliego de cláusulas administrativas del acuerdo marco para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, como consecuencia de la resolución judicial de anulación del planeamiento vigente dictada en julio por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en vía de recurso por parte del Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo. Pero, en la misma sesión, se acordó igualmente el desistimiento del procedimiento de licitación del contrato para la redacción del proyecto de restauración del Templo Masónico de Santa Cruz, debido a los vicios de nulidad que concurren por haberse infringido el principio de igualdad en la valoración de las ofertas presentadas.
Como consecuencia de esta decisión, el Consejo Rector insta a la redacción de unos nuevos pliegos de cláusulas administrativas que permitan iniciar un nuevo procedimiento de licitación por parte del Ayuntamiento y no del área de Urbanismo, que da por concluida la encomienda de gestión que autorizó la Junta de Gobierno en abril de 2015.
La primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Zaida González, explicó al término del Consejo que “la decisión de desistir de proseguir con la licitación obedece a una discrepancia sustancial entre la Mesa de Contratación y el Comité de Expertos en el cumplimiento del pliego de cláusulas administrativas que podría desembocar en una resolución nula de pleno Derecho”. “Entendemos que ante ese riesgo objetivo, lo suyo es reiniciar el procedimiento de licitación en condiciones de plena seguridad jurídica”. González recordó que “nuestra responsabilidad es que el proyecto de rehabilitación del templo masónico se haga con todas las garantías legales y procedimentales y siempre será mejor parar ahora y reiniciar el proceso, que proseguir con el riesgo cierto de que en el futuro la Justicia anule todo lo que hemos hecho”.
En particular, la Mesa de Contratación detectó tres deficiencias en el proceso de valoración del comité técnico. En primer lugar, la extensión de las memorias presentadas por las empresas licitadoras no se ajusta en todos los casos a las condiciones preestablecidas. En segundo lugar, se observa que el Comité no reúne el perfil técnico preciso para realizar la evaluación estructural y constructiva que exigen los pliegos. Y, por último, la Mesa considera que el Comité no ha realizado debidamente la valoración de los equipos de trabajo de los licitadores.
En relación con los trámites para la elaboración del nuevo PGO de Santa Cruz, González manifestó que “con independencia de cómo se resuelva el recurso de amparo ante el Supremo, desde Urbanismo llevamos trabajando meses para corregir los déficits del planeamiento vigente, a los que ahora sumamos nuevas modificaciones para adecuar el PGO a las observaciones del TSJC. Nuestro objetivo es que Santa Cruz tenga un plan urbanístico integral y ajustado a la legalidad a la mayor brevedad que disipe cualquier duda o incertidumbre”
El nuevo pliego aprobado ayer establece un periodo máximo de dos años para su ejecución y un importe máximo de dos millones de euros.