caso grúas - la laguna

Clavijo justificó prestar 120.000 euros a la empresa de grúas como si evitase una “calamidad pública”

La concesionaria estaba intervenida por el propio Ayuntamiento, sufría diversos embargos, no pagaba a sus trabajadores y carecía de tarjetas de transporte
fernando clavijo
Fernando Clavijo en el Parlamento de Canarias | DA

“Calamidad pública o de naturaleza análoga de excepcional interés general”. Así justificó el entonces alcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la autorización de un préstamo de 120.000 euros a la concesionaria del servicio municipal de grúas a a pesar de la oposición del interventor municipal, que se opuso a dicho préstamo al entender que no se había acreditado la calamidad pública en cuestión.

Sin embargo, Clavijo impuso su argumento en lo que se entiende como un ejemplo paradigmático de los reiterados levantamientos de reparos de la Intervención municipal detectada en su etapa como alcalde y que continúa con el actual, José Alberto Díaz. Hay que tener en cuenta que, durante la etapa de Clavijo, no solo se concedió tan magnánimo préstamo, sino que también se renovó la concesión, a pesar de que sobraban los motivos para rescatar el servicio.

De lo irregular de tal procedimiento da buena cuenta el estado de la empresa en cuestión, en la que algunos de sus siete propietarios son relacionados con el propio Clavijo. Así, Autogrúas Poli (nombre de la firma) se encontraba en esos momentos intervenida por el propio Ayuntamiento de La Laguna, debía tanto dinero que sufría numerosos embargos (entre ellos, los de la Seguridad Social), adeudaba mensualidades a sus trabajadores y, en el colmo de la ineficacia, las grúas carecían de las preceptivas tarjetas de transporte. Es decir, que no tenía permiso para circular. Si esto parece poco, por aquella época los propietarios ya habían sido denunciados en el juzgado por el presunto saqueo de piezas en los vehículos retirados por las grúas y que estaban custodiados en un depósito municipal. Un repaso cronológico de los hechos ayuda a clarificar lo sucedido.

La venta

La empresa concesionaria de las grúas municipales laguneras cambió de manos oficialmente el 13 de abril de 2011. Hasta entonces era propiedad de José Padilla, quien, agobiado por las deudas y sin lograr que el Ayuntamiento le abonase los aproximadamente 200.000 euros que a su vez le debía, cedió la firma a siete empresarios afines a Clavijo. Un indicio de tal afinidad es que, ante los tribunales, la empresa usó el mismo domicilio social que una Administración de Fincas del hoy presidente autonómico, tal y como recordó recientemente un auto de la Audiencia Provincial. Este préstamo o crédito extraordinario de 120.000 euros se aprobó en el Ayuntamiento de La Laguna el 8 de mayo de 2011. Y si faltaran pocas irregularidades en el caso, tampoco esta vez hubo suerte: el cambio de titularidad no fue llevado a pleno, como es preceptivo.

La denuncia

No había pasado un año (marzo de 2012) cuando estalla el caso Grúas con la denuncia presentada ante la Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y el Juzgado de Guardia contra los siete empresarios supuestamente afines a Clavijo por la presunta sustracción de piezas de los vehículos. El dato es importante, por cuanto el Ayuntamiento sabe desde este instante de la existencia de un posible delito cometido en un depósito municipal. Las diligencias por este caso siguen instruyéndose en el Juzgado de Instrucción Número 3 de La Laguna. Para hacerse una idea sobre el tema, baste recordar que las piezas se publicitaban en Internet con un número de teléfono que era el mismo al que debían llamar los vecinos de La Cuesta si requerían una grúa municipal. Otro hito relevante se produce en noviembre de 2013, cuando se denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 4 las irregularidades en la venta o traspaso de la empresa, acaecida en abril de 2011. Aunque la jueza archivó en su día estas diligencias, la Audiencia Provincial ha ordenado su reapertura en un auto demoledor donde se advierten acerca de indicios sobre una vulneración “patente y grosera” de la legalidad vigente.

La intervención

Es tal el deterioro del servicio municipal que en agosto de 2014 hubo que intervenir el mismo por parte del Ayuntamiento, que sitúa al frente del mismo a dos técnicos. Dicho deterioro es notable, a pesar de que aquellos 200.000 euros que Padilla no lograba cobrar del Ayuntamiento fueron abonados en cuanto la empresa pasó a manos de los empresarios supuestamente afines a Clavijo, o de que en abril de 2013, nueve meses antes de la intervención de la firma, el Consistorio les ayudó aprobando una reducción del personal. La duración de la intervención municipal de la empresa concesionaria se amplió en abril de 2014.

El préstamo

Junto a la renovación de la concesión, es probablemente lo más escandaloso de cuantos tratos de favor recibieron los siete empresarios. Fue el 8 de mayo de 2014 cuando la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y con carácter de urgencia, concede un crédito extraordinario a AutoGrúas Poli por importe de 120.000 euros. La justificación del entonces alcalde, Fernando Clavijo, se remite a lo dispuesto en el artículo 177.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A dicho precepto alude el interventor municipal cuando pone su reparo al crédito: “… no se acredita que nos encontremos ante un supuesto de calamidad pública o de naturaleza análoga de excepcional interés general que justifique su carácter inmediatamente ejecutivo”. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el préstamo de los 120.000 euros “por razones de excepcional interés general [esas de naturaleza análoga a la calamidad pública] y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004…” anteriormente citado.

La nueva prórroga

Fue en agosto de 2004 cuando se llegó al acuerdo con José Padilla para hacerse cargo del servicio municipal de grúas a través de un contrato de cinco años de duración con una prórroga única prevista para otros cinco, derecho que ejerció el referido Padilla y le fue concedido el 28 de julio de 2009. Pues bien, tal y como ocurrió en al menos otros siete casos, el Ayuntamiento de La Laguna prorrogó irregularmente otros cinco años la concesión el 27 de agosto de 2014. O sea, esta segunda prórroga no estaba contemplada en el contrato inicial y llega con dicho contrato ya extinguido, lo que a juicio del interventor contraviene la Ley de Contratos del Sector Público. Como se convirtió en práctica reiterada tanto en la etapa de Clavijo como en la actual de José Alberto Díaz, ello no fue óbice para autorizar estas prórrogas que, en realidad, hurtan a la competencia de presentarse al nuevo concurso y habilitan al Consistorio a fijar un precio por el servicio sin justificarlo.

Las irregularidades

Lo que sí estaba en situación calamitosa, pero privada, era la concesionaria cuando el Ayuntamiento la ayudó con el préstamo y la prórroga, en vez de rescatar el servicio por cualquiera de estos incumplimientos (calificados como gravísimos por el propio Consistorio) del contrato: llegó a adeudar hasta 12 nóminas a algunos trabajadores, solo la Seguridad Social le embargó 38.096,23 euros, no pagaba los impuestos y el Cabildo detectó que carecía de las preceptivas tarjetas de transporte. Entre otros.

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