La Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna ha ordenado el desalojo del edificio de apartamentos y locales comerciales ‘Dácil’, ubicado en el barrio costero de Bajamar, por riesgos estructurales asociados a obras de mejora en el inmueble.
La notificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se emitió el pasado viernes y las personas que viven en el edificio –tiene un total de 28 apartamentos– deben abandonar las instalaciones en un plazo de 24 horas.
La decisión se ha adoptado tras las comprobaciones realizadas por el Servicio de Disciplina Urbanística, que incluyen inspección técnica efectuada por personal del Organismo Autónomo, y con motivo de la recepción de un informe, emitido por la dirección facultativa de las obras de rehabilitación del inmueble en curso, en el que se concluye expresamente que, debido al estado actual de los trabajos y a las actuaciones de refuerzo aún pendientes, no es posible asegurar la estabilidad del edificio.
Según la Gerencia, la situación de “falta de seguridad estructural” que presenta el edificio “imposibilita el poder asegurar, ni tan siquiera transitoriamente, unas condiciones mínimas y aceptables de seguridad para las personas y bienes”.
Por ello, el acceso al inmueble durante el desalojo deberá quedar limitado al acceso del personal imprescindible para la realización de comprobaciones, actuaciones urgentes de aseguramiento y obras de rehabilitación y refuerzo.
La Gerencia ha mantenido una reunión informativa con la comunidad de propietarios, en la que se ha trasladado el contenido de la resolución, el alcance de las medidas cautelares y las obligaciones derivadas de las órdenes de ejecución vigentes.
Además, se ha establecido un canal de comunicación directo con la comunidad de propietarios para facilitar información actualizada y coordinar las actuaciones necesarias durante el proceso.
Igualmente ha activado un dispositivo coordinado de acompañamiento social y de seguridad para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar y la atención a las personas afectadas.
Este dispositivo incluye vigilancia del inmueble para evitar accesos no autorizados y la oferta de recursos de alojamiento temporal y acompañamiento social, en función de las necesidades de cada unidad familiar, si bien la mayoría disponen de otro recurso alojativo personal.
COMPROBAR LOS APUNTALAMIENTOS
Al margen del desalojo, se ha dado otro plazo de tres días para comprobar los apuntalamientos y los elementos estructurales afectados y si durante la revisión se apreciara la necesidad de apuntalamientos adicionales, nuevas patologías o daños estructurales, deberán comunicarse de inmediato.
La Gerencia Municipal de Urbanismo ya ordenó un primer desalojo urgente en 2019 tras informe técnico que advertía de un posible riesgo de colapso estructural, aunque una semana después se permitió el realojo al acreditarse, por valoración certificada externa –Bureau Veritas–, que la estructura mantenía entonces condiciones de estabilidad, siempre condicionadas a la ejecución de obras de refuerzo estructural.
Casi siete años después, la documentación incorporada al expediente y la inspección técnica realizada evidencian que las actuaciones de rehabilitación no han concluido, que persisten elementos estructurales pendientes de intervención y que no ha sido posible, por parte de la propiedad y de la contrata, acceder a todos los locales para ejecutar los refuerzos necesarios.
De hecho se constató que existían apuntalamientos en algunos locales y que se observaban fisuras en el exterior, sin que fuera posible acceder a la totalidad de los espacios afectados.
El informe señala además que algunos de los apuntalamientos visibles no contaban con los elementos necesarios para garantizar una correcta transmisión de cargas, circunstancia que ha de reforzarse con valoración técnica más amplia.
Las medidas cautelares ordenadas por la Gerencia podrán ser levantadas mediante la presentación de certificado técnico con justificación suficiente y actualizado realizado por empresa especializada tras la realización de un estudio patológico en el que se acredite expresamente la seguridad estructural y concluya que no existe riesgo para las personas para volver a ocupar el interior.
LOS VECINOS ADMITEN UN “CALVARIO”
Dimas, uno de los propietarios, señala que se vive un “calvario” desde que se observaron los primeros síntomas de “deterioro” y además ha habido “falta de sintonía” entre todos los propietarios y también con la empresa contratada para acometer los trabajos.
De hecho ha comentado que uno de los problemas radica en que algunos propietarios no dejan acceder a la contrata a sus inmuebles para realizar las obras lo que ha obligado a este nuevo desalojo ante la imposibilidad de garantizar la seguridad.
Apunta que la comunidad se ha gastado “un dineral” en licencias, proyectos y obras pero hay algunos vecinos que no quieren pagar su derrama correspondiente –más algún caso de vulnerabilidad social– lo que ha obligado a judicializar el caso.
“Los juzgados han paralizado cualquier tipo de reclamación y cualquier tipo de intento por parte de la comunidad de desbloquear esta situación. Mientras tanto, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y ahora tenemos al lobo que ya nos está mordiendo”, señala.
Ahora, comenta, se trata de “agilizar” al menos los trabajos de apuntalamiento de la estructura para que el desalojo dure lo menos posible.
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