El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó, ayer, el proyecto de presupuestos municipales para 2018, unas cuentas que, por primera vez en los dos últimos mandatos, entrarán en vigor el 1 de enero. Según el equipo de gobierno (CC-PP) se trata del presupuesto “más expansivo en los últimos diez años”, con 270 millones de euros, de los que 29 se destinan a inversión real, el 42% más que este año. Una cifra que, sin embargo, el informe de Intervención, duda de que el Ayuntamiento sea capaz de ejecutar. El motivo: de los 23 millones presupuestados para este año en inversión real, hasta octubre, solo se habían ejecutado siete. Según puede leerse en el citado informe, “en este capítulo es necesario indicar, que conforme el avance de la liquidación del ejercicio 2017, de los créditos definitivos (una vez aprobadas modificaciones) que ascendieron a 23.154.692,40 euros se prevé ejecutar, a 31 de diciembre de 2017, obligaciones por importe de 7.858.468,70”. “Por lo tanto -continúa el interventor-, el incremento de los créditos por este capítulo, a la vista de los porcentajes de ejecución por este capítulo en ejercicios anteriores no se considera justificado (…)”.
Este fue uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE en su análisis de las cuentas municipales. El portavoz socialista, José Ángel Martín, después de valorar el esfuerzo de la concejalía de Hacienda, al frente de la que está Juan José Martínez (CC), para traer los presupuestos a aprobación en octubre, expresó sus dudas. “Ese incremento de 20 millones del que hablan con respecto a 2017, si tenemos en cuenta que se incorpora Deportes, que la subida de los salarios del 3% se aplica por ley y que 3,8 millones proceden de la gestión de los fondos europeos del DUSI de Anaga, nos da que la subida real es de cinco millones y no 20”.
El edil socialista ante lo señalado por el interventor, dijo que, “solo se me ocurren tres posibilidades para no ejecutar el presupuesto: o no tenemos proyectos, o no somos capaces o realmente tenemos una falta de estructura en los servicios, que es lo que creo de verdad pasa”. “Con estas distorsiones, lo que nos queda es una foto casi igual a la de 2017”.
Desde Sí se puede, Asunción Frías fue la encargada de defender sus enmiendas y analizar unas cuentas que consideró aún no son todo lo justas que deberían, “en lo social y lo medioambiental”. La edil de Sí se puede recordó que hay 17.000 familias que pasan por los servicios sociales cada año, “ante cifras como estas es necesario un mayor incremento de los recursos públicos”. Concretó en medidas de progresión fiscal que, recordó, “no se han aplicado ni en el rodaje ni en la tasa de basura que se han rebajado”. Su grupo apostó por imponer tasas de ocupación a las grandes empresas suministradoras (luz, agua, gas…) o a Metropolitano de Tenerife. También solicitó más personal para las UTS “para cubrir excedencias y jubilaciones que sí lo permite la ley y que el presupuesto no recoge”. Además abogó por nuevos centro de días de atención a menores, “no entendemos porque no existe este recurso en el Distrito Centro-Ifara”. En cuanto a la vivienda, Frías criticó que no se recoja un euro para la medida anunciada de construir vivienda para alquiler social. Esta crítica fue repetida por todos los miembros de la oposición.
La remunipalización del servicio de limpieza, la ayuda a domicilio o la limpieza fue otra de sus peticiones recordando que, ahora mismo, “lo que los chicharreros pagamos por la recogida de basura se va a China, donde cotiza la empresa a la que pertenece Urbaser”. Concluyó su análisis acusando a CC de ser “multinacionalistas” y tener como patria el “libre mercado”.
Cs centró su crítica en la excesiva presión fiscal que sufren los chicharreros, “el 19% por encima de la de municipios de similar tamaño”, dijo su portavoz Enrique Rosales, que la cifró en 613 euros por habitante. Defendió la necesidad de rebajar el IBI y partidas como las de publicidad y propaganda o la destinada al personal eventual.
IU fue el único grupo que presentó una enmienda a la totalidad. Ramón Trujillo, que valoró los aspectos más positivos del presupuesto como el incremento del dinero para los servicios sociales, matizó que “sigue siendo poco”. “Ante la precariedad social que sufre el municipio, con tasas que superan la media de otras poblaciones, Santa Cruz debería dedicar el 15% de su gasto total a servicios sociales”, dijo. Pidió más recursos para el bono de alimentos o que el dinero que se obtenga de la subasta de la parcela hotelera, “se dedique a la construcción de vivienda para alquiler social”.
Coalición Canaria
José Alberto Díaz Estébanez, como portavoz de CC, tuvo palabras para todos. A Sí se puede le dijo que “lecciones de nacionalismo, las justas; a Cs que eligieron “mal día” para criticar la presión fiscal cuando se aprobó la rebaja de 4,8 millones en impuestos; al PSOE le recordó que “no es lo mismo la inversión real que la ejecutada”. Todas las enmiendas fueron rechazadas y se aprobó el presupuesto con los votos de CC y PP.
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